Expertos advirtieron que se perfila una fuerte ofensiva del Consejo Nacional Agropecuario y las trasnacionales de semillas y plaguicidas contra la intención del gobierno de sustituir el herbicida glifosato y limitar las importaciones de maíz transgénico para consumo humano.
Entre 2020 y 2021 se produjeron en el país unos 28 millones de toneladas de maíz, la mayor parte blanco. Si el consumo para tortillas requiere alrededor de 14 millones de toneladas, no se justifica la incorporación del maíz amarillo importado a la cadena alimentaria, sostuvo Alejandro Espinosa, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
Ante la demanda del sector privado de cerca de 17 millones de toneladas de maíz al año, señaló que en ocho estados del sur-sureste hay recursos de tierras y agua que elevarían el potencial de producción hasta 57 millones de toneladas anuales.
Las importaciones de maíz amarillo han ido al alza. En 2015 eran 11 millones de toneladas y el año pasado fueron alrededor de 17 millones, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), estimó que si llega a la alimentación el maíz amarillo que se importa, y en el cual viene mezclado el transgénico con el convencional, no es culpa de Estados Unidos, sino de que en el país nadie controla hacia dónde van esas compras.
Estados Unidos advirtió que acudirá a mecanismos del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC) ante la eventual suspensión de las importaciones de maíz transgénico que aplicará México en 2024, de acuerdo con el decreto presidencial de diciembre de 2020.
Bienes comunes contra intereses privados
De Ita expuso que detrás de la posición de Washington están los granjeros de Estados Unidos, los votantes de Iowa y los senadores republicanos que empujan a las autoridades de comercio a llegar al panel de controversias.
A su vez, Mercedes López, de la campaña “Sin Maíz no hay País”, explicó en entrevista que hay una disputa intensa, en cuyo centro está la defensa de los bienes comunes contra intereses privados, que son devastadores de ecosistemas.
“México es centro de origen del maíz y otros alimentos. Mientras para las empresas son un negocio, ya que tiene usos industriales y es forraje, para los pueblos mesoamericanos el maíz es cultura, religión.”
Recordó que, cuando se estableció la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, se realizaron siembras experimentales y piloto. Pero a punto de darse los permisos comerciales en 2013, la campaña “Sin Maíz no hay País” y decenas de ciudadanos impulsaron una acción colectiva, sobre la cual un juez determinó como medida precautoria la prohibición de la siembra de maíz transgénico.
Organizaciones sociales argumentaron en su momento que la ley era impulsada por el actual secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.
En la acción colectiva hay dos aspectos: uno es el juicio principal y otro es la medida cautelar de prohibición de la siembra de maíz transgénico, que el juzgado estableció en septiembre de 2013 y que este año fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó. Aún falta sentencia en el juicio principal.
Un reporte del Ceccam refiere que desde principios de 2000 se contaminaron siembras nativas con maíz transgénico, a pesar de que había una moratoria en la siembra del cultivo.
