Ciudad de México. Organizaciones que integran la colectiva "Cambiémosla Ya", hicieron un llamado a legisladores para modificar “con urgencia la Ley Minera que da lugar a la reiterada violación de derechos humanos de personas y derechos colectivos de comunidades y pueblos, así como a la destrucción del medio ambiente”.

En conferencia, Beatriz Olivera, de Engenera, Jorge Peláez, Clínica de Justicia Ambiental Berta Cáceres, Maira Olivo, Fundar y Cecilia Navarro, de dicha colectiva, señalaron que en la actualidad las concesiones que se otorgan al amparo de esta ley tienen una duración de 50 años prorrogables a otros 50.

Adicionalmente, dijeron, se utilizan indistintamente para exploración y explotación y dan acceso preferente al agua y a la tierra, sin importar si los territorios pertenecen a comunidades o ejidos y las actividades que llevan a cabo en ellas.

“Es claro que la ley minera vigente es una de las más abusivas y laxas del mundo, legaliza el despojo de territorios y bienes naturales de pueblos y comunidades privilegiando intereses de concesionarios mineros y provoca la violación sistemática de derechos. Por todo ello es fundamental que sea modificada”.

Indicaron que el territorio concesionado son como 18 millones de hectáreas que es el equivalente al tamaño de Chihuahua, pero la información no es transparente sobre las concesiones. “Actualmente hay alrededor de 25 mil concesiones, de acuerdo a lo que se encuentra publicado en la página de datos abiertos que es una base de información de 2017, eso es lo mas actualizado que tenemos, más el sistema CartoMinMex que no permite bajar nada de información que principalmente están en manos de empresa Canadienses, estadunidenses, pero también mexicanas”.

No hablamos sólo de capital extranjero también hay un importante capital mexicano como Grupo México. Además, hay capitales australianos, chino, chilenas, entre otros”. A veces un grupo pequeño o un actor privado solicita la concesión y pueden hacer con ella lo que quieran, incluso las venden luego a empresas más grandes. Aparte, quienes reúnen esa información ya no la tiene tan actualizada, que es el Servicio Geológico Mexicano”.

Añadieron que el compromiso que ha hecho el presidente de no otorgar más concesiones no es suficiente. “Hay un gran número de concesiones mineras que van a seguir operando, por eso su compromiso se sostiene con alfileres. Es un compromiso retórico que si no se cambia con una ley se va a quedar en el olvido en el próximo o subsecuentes gobiernos”.

Apuntaron que es indispensable que quienes legislan, aprueben las modificaciones propuestas, pues están sustentadas en las obligaciones que en materia de Derechos humanos y derechos indígenas tiene el Estado mexicano.

Las iniciativas contemplan las propuestas de retirar el carácter de preferente y de utilidad pública que hoy tiene la minería (exceptuando el litio) sobre cualquier otro uso del territorio. Modificar el régimen de prohibiciones a la actividad minera, estableciendo restricciones a la actividad minera en áreas naturales protegidas, cerca de cuerpos de agua, de núcleos poblacionales y de zonas sísmicas, así como prohibir la minería a cielo abierto, la minería submarina y la minería en pocitos de carbón.

También, separar las concesiones mineras actuales en una concesión para exploración y una para explotación y garantizar el derecho de las comunidades indígenas y equiparables a ser consultadas y a otorgar su consentimiento de manera previa, libre e informada a los proyectos mineros. Asimismo, busca recortar la duración de las concesiones mineras que actualmente es de 50 años extendibles a 50 años más y reducir la extensión de la concesión minera, por mencionar algunos.