Washington. Un ex legislador de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado en relación a una investigación penal federal, informaron autoridades.

David Rivera, un republicano que se desempeñó en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, indicó Marlene Rodriguez, portavoz de la fiscalía federal en Miami. Añadió que un jurado investigador acusó formalmente a Rivera el mes pasado, pero dicho documento continúa bajo precinto y no podía discutir los cargos.

Señaló que Rivera tuvo una comparecencia preliminar ante una corte federal en Atlanta. El Servicio Federal de Alguaciles dio a conocer que horas más tarde salió de la cárcel tras pagar una fianza.

Jeffrey Feldman, abogado de Rivera, se negó a comentar y dijo a la Ap en un mensaje de texto que “no había visto la acusación formal”.

La presión se acumuló sobre Rivera durante más de dos años después de que se descubrió que había recibido un enorme contrato de parte de la filial estadunidense de la compañía petrolera estatal venezolana al mismo tiempo en que el presidente Nicolás Maduro intentaba congraciarse con la Casa Blanca en los primeros días del gobierno del ex presidente Donald Trump.

La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por PDV USA, filial local de Citgo, de propiedad venezolana. La denuncia aseguraba que el exlegislador no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “asesoría estratégica” con el fin de establecer vínculos con importantes accionistas estadunidenses.

Rivera, de 57 años, afirma su inocencia e interpuso una contrademanda contra PDV USA, en que acusa a la empresa de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no pagarle los 30 millones de dólares que asegura le siguen debiendo.

Aunque el contrato de Rivera fue con una entidad estadunidense, cualquier trabajo realizado a nombre del gobierno de Maduro o de intereses comerciales de Venezuela habría requerido que se registrara como cabildero extranjero, cosa que no hizo.

Los expedientes que surgieron como parte de la demanda muestran que Rivera realizó sus trabajos de asesoría de manera concertada con Raúl Gorrín, un empresario venezolano que ha sido objeto de sanciones y enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por cargos de lavado de activos.

Correspondencia presentada ante el tribunal como parte de la demanda muestra que Rivera y Gorrín intentaron concertar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la compañía petrolera estadunidense Exxon. Como parte de esas gestiones, también involucraron al representante Pete Sessions, cuyo ex distrito de Dallas era sede de Exxon.

Rivera y Gorrín también discutieron el cambio de precios de entradas a conciertos, que según los abogados de PDV USA eran referencias codificadas para un soborno.

Antes de ser elegido al Congreso federal, Rivera era un legislador de alto rango en Florida, donde se desempeñó en la cámara baja de 2003 a 2010. En ese lapso, compartió una residencia en Tallahassee con el actual senador federal Marco Rubio, quien eventualmente se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes del estado.

Desde entonces, Rivera ha estado envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluyendo haber orquestado un plan para financiar discretamente a un candidato demócrata de identidad desconocida para que compitiera ante su principal rival en una contienda del sur de Florida, así como una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con una compañía de apuestas. Dicha investigación también involucró un posible uso indebido de fondos de campaña para pagar actividades de la cámara baja del estado que ya habían sido reembolsadas por el estado.