Tepic, Nay. Con el aval de 15 de los 20 Ayuntamientos de Nayarit, incluidos el panista de Ixtlán del Río y Tuxpan, de Movimiento Ciudadano, el Congreso estatal declaró válida la reforma constitucional para reducir a sólo cinco el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los integrantes de la 33 Legislatura del Congreso de Nayarit que preside la diputada morenista Alba Cristal Espinoza Peña aprobaron el acuerdo que contiene el cómputo de los Ayuntamientos nayaritas que avalan la reforma constitucional para la reducción de la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, de siete a cinco magistrados integrantes.

El acuerdo establece que 15 de los 20 cabildos dieron su voto en sentido afirmativo para que esta reforma a la Constitución local permita reducir el gasto público y optimizar los recursos de los que dispone el Tribunal del orden administrativo en la entidad.

Los ayuntamientos de Ixtlán del Río y Tuxpan, gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente, se sumaron a San Pedro Lagunillas, Tecuala, Compostela, Santa María del Oro, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Ahuacatlán, Jala, Tepic, Amatlán de Cañas, Del Nayar, La Yesca y Huajicori para votar a favor de la reforma a la Constitución estatal.

En las mismas modificaciones constitucionales se establece que no podrá ocupar alguna magistratura administrativa quien se haya desempeñado en puesto de elección popular, como dirigente de algún partido político, como Fiscal general del Estado o Secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo durante el último año previo a la designación.

También, la reforma constitucional aborda temas relacionados al Poder Judicial de Nayarit, de los que se destaca el garantizar la paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura; contar con un nuevo esquema de responsabilidades administrativas; se transmite la competencia de la justicia constitucional al Pleno del Tribunal y se fortalece la función de los jueces de primera instancia.

En el fortalecimiento de la función de la autoridad judicial se especifica que magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura no podrán desempeñar ningún otro cargo o empleo público, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.