Entre tantísimos negocios sucios armados durante el régimen neoliberal –siempre a costillas del erario– el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, en enero de 2021, el relativo a la privatización de ocho cárceles, concesionadas por la dupla Borolas-García Luna a empresarios “amigos” sin experiencia alguna en este sector. Todas fueron por adjudicación directa y con contratos leoninos garantizados. Ese par de sátrapas decían que se trataba de “modernizar y despresurizar el sistema penitenciario”, pero lo cierto es que sólo fue otro “ejemplo de las atrocidades cometidas en ese periodo”, subrayó entonces el Presidente.

En aquella ocasión, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que, en nueve años, de las arcas nacionales salieron más de 75 mil millones de pesos para “aceitar” el negocio privado de los penales, pero restaban casi 191 mil millones porque la vigencia de lo “acordado” se extendía hasta 2032 (en algunos casos a 2037). “Aún hay procesos penales para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el daño al patrimonio de México”, dijo.

El costo total proyectado a 20 años, detalló la funcionaria, se acercaba a 276 mil 300 millones. Por si fuera poco, los contratos leoninos firmados por el gobierno de Borolas obligaban al gobierno federal a pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados, aún sin internos; es decir, como si los centros penitenciarios registraran ocupación total, amén de que, concluida la vigencia contractual los inmuebles e instalaciones siguen como propiedad privada.

En ese entonces, Rodríguez informó que, derivado de las negociaciones con los concesionarios, la hacienda pública había recuperado 2 mil 390 millones de pesos, con la perspectiva de que ese monto se incrementara a 10 mil millones en lo que restaba del sexenio, no sin antes subrayar que lo que se les pagaba equivalía a la tarifa de hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas, o más, por alojamiento, alimentación y atención de los internos (aunque el penal estuviera vacío).

Un atraco, pues. La secretaria de Seguridad Pública explicó que el gasto por presidiario –sin importar el número real de la población carcelaria– varía según el contrato firmado. Por ejemplo, en el penal de Sonora el pago promedio era de 2 mil 640 pesos diarios, pero en el femenil de Morelos subía a 6 mil 634 (el costo real ronda los 230 pesos).

“A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es de casi de 16 mil millones de pesos, pero gracias a los acuerdos establecidos, que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13 mil 543 millones en 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, de acuerdo con cálculos, al finalizar la contratación el gasto se reducirá alrededor de 41 mil 496 millones”, dijo en 2021.

Pues bien, el pasado viernes Rodríguez actualizo la información: “se acordó un descuento por una negociación de 15 por ciento y solamente se paga por los penales 235 mil millones de pesos, con un ahorro de 41 mil millones. Lo más interesante es que los (ocho) penales federales eran propiedad del concesionario privado y con esta negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando se termine de pagar, de la federación. Se pagaba por todo. Ahora, a excepción de la custodia, la seguridad, por todo lo demás sí, porque así estaba el contrato”.

El precio ha bajado, señaló la funcionaria, aunque “en algunos casos –los menos– todavía sigue siendo oneroso. Además, otra instrucción que recibimos del Presidente es ayudar a la gobernabilidad de los penales estatales llevándonos una gran cantidad de presos a los penales federales, sobre todo aquellos internos que tienen mal comportamiento”.

Las rebanadas del pastel

¿Reconocen nombres como Hipólito Gerard Rivero (cuñado de Carlos Salinas de Gortari y beneficiario de cualquier cantidad de enjuagues a costillas del erario), Carlos Slim, Manuel Arroyo (dueño del periódico El financiero), Mario Gabriel Budebo (subsecretario de Energía de Felipe Calderón) y Francisco Gil Díaz (secretario de Hacienda con Vicente Fox), Grupo Empresarial Ángeles ( Excélsior e Imagen Tv incluidos), de Olegario Vázquez Raña, y Black Rock, papá de los fondos buitre? Pues bien, ellos obtuvieron las concesiones de la dupla Borolas-García Luna (éste ya está encarcelado, pero el otro para cuándo?). Y se trata sólo de uno de muchísimos negocios sucios.