La distribución del presupuesto entre alcaldías debe ser más equitativa conforme al número de población con menos recursos, señaló Araceli Damián González, titular del Consejo de Evaluación (Evalúa) de la Ciudad de México, encargado de evaluar la política social de la administración pública local.

Indicó que Benito Juárez es la demarcación que más recursos por persona recibe, en comparación con Iztapalapa, por lo que ha recomendado a las autoridades del gobierno central hacer una revisión en términos del volumen de la población en situación de pobreza, a fin de que se otorguen mayores recursos a las alcaldías donde haya más personas de bajos ingresos y desigualdad.

“La alcaldía Benito Juárez tiene menor pobreza, pero mayor cantidad de adultos mayores y se debe fortalecer esa política para que puedan tener acceso a todos los espacios y cuidados. Hay muchas áreas que se deben trabajar”, comentó Damián en una reunión con diputados del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la discusión del presupuesto para el próximo año.

Sobre los programas sociales que implementan las demarcaciones, dijo, sin mencionar nombres, que hay quienes gastan el recurso en acciones sin ninguna planeación, por lo que para 2023 se implementará un mecanismo para que cada alcaldía tenga lineamientos a fin de que “no vayan apareciendo acciones sociales de ocurrencia”.

Ante los legisladores, la titular de Evalúa local resaltó que la política social no genera pobreza; no obstante, aseguró que en la medida en que no se refuercen los mecanismos para que los programas se convierten en derecho, “hay un alto riesgo de uso clientelar”.

“Me parecen importantes las evaluaciones de los programas que, sabemos, funcionan bien porque la ciudadanía así lo expresa y qué mecanismos se puedan usar que son de beneficio para la población. Los reportes deben incluir qué les falta o qué carencias tienen, en qué se han equivocado los alcaldes, qué dicen los vecinos, cómo están físicamente, qué han hecho con el presupuesto, y liderazgos políticos”.

Para el próximo año, el Consejo de Evaluación planea realizar una evaluación de la política de seguridad ciudadana, por lo que se estudia la creación de indicadores a fin de medir el impacto de dicha política en la sociedad; el objetivo es conocer las incapacidades y los beneficios. Para ello, resaltó, se requiere la contratación de especialistas. También se busca generar estudios detallados sobre desarrollo rural y urbano en la Ciudad de México.