Al dejarse de aplicar la política migratoria estadunidese Título 42, caracterizada por la expulsión de migrantes venezolanos, mexicanos y centroamericanos que cruzan la frontera de ese país, la movilidad humana seguramente aumentará en la región, por lo cual los estados deben estar listos para responder a este reto, aseveró el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Giovanni Lepri.

Si bien celebró el fin de esta medida –previsto para el 21 de diciembre próximo–, que ha sido “una barrera a la entrada y a las solicitudes de asilo en Estados Unidos por parte de personas de cualquier nacionalidad y ha creado un sistema prácticamente de una expulsión automática”, subrayó que al levantarse, se puede crear “un efecto adicional de movimiento”.

El tema de la movilidad humana, agregó, “va a crecer, no tanto por el Título 42, sino porque hay más crisis”, por ejemplo, “Haití está en una situación dramática”.

Entrevistado al terminar su participación en el informe de trabajo de la organización Sin Fronteras IAP, Lepri destacó que cada país tiene que hacer su parte, conforme a sus capacidades, en cuanto a la protección de los migrantes. “Seguramente Belice tiene una capacidad distinta de la que pueden tener México y Estados Unidos o Canadá, pero esto no significa que una nación pequeña” no lo haga.

En este sentido, indicó que si bien Estados Unidos ha impulsado una política de acceso regular para los solicitantes de asilo de Venezuela, para admitir a 24 mil que cumplan ciertos requisitos, esto no puede ser en sustitución de la posibilidad de que alguien que se presente en la frontera y necesite protección pueda acceder a ella.

Respecto a México, indicó que ante el aumento de la movilidad humana, debe potenciar el que cada vez se vuelve más un país de asilo. “Siendo que ha pasado de recibir mil solicitudes anuales a 130 mil, sus instituciones se tienen que adaptar y crecer para responder a esta necesidad”.

La legislación, dijo, permite que los refugiados tengan acceso a una residencia permanente, que cuenten con un CURP y tener su RFC”, entre otras, pero a veces los procedimientos complican todo. Por ello, señaló, hay que asegurarse de que todas las instituciones en todos los niveles “tengan muy claro que la llegada de un refugiado a su comunidad es algo muy positivo”.

México, mencionó, no es un país xenófobo, pero “tenemos que buscar cómo favorecer los elementos de inclusión”.

En tanto, en la presentación del informe de Sin Fronteras IAP, Alfredo Limas, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, alertó sobre los vínculos entre redes de traficantes de personas en ambos lados de la frontera. Indicó que en el último año fiscal de Estados Unidos, que terminó en septiembre pasado, se contabilizaron oficialmente 237 casas de seguridad en el Paso, Texas.