El reciclado megaproyecto del corredor interoceánico de Tehuantepec –cuyos orígenes cercanos se ubican en el programa de desarrollo regional del gobierno de Ernesto Zedillo y los lejanos en el lesivo Tratado McLane-Ocampo (1859)– continúa su avance lento pero inexorable, a pesar de la oposición y resistencia de múltiples organizaciones y colectivos locales, regionales, nacionales e internacionales que han expuesto los graves daños que causará esta obra faraónica al medioambiente, a los pueblos que habitan los territorios en disputa y al conjunto del entramado sociopolítico-cultural de los 33 municipios de Veracruz, 46 de Oaxaca, 14 de Chiapas y cinco de Tabasco.
Recordemos que este proyecto es integral y, en consecuencia, no es el simple paso de mercancías de un océano a otro a través de un ferrocarril multimodal, sino incluye la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, una red paralela de autopistas, 10 parques o corredores agroindustriales e industriales para la química, petroquímica, petrolíferos, refinerías, eólicos, represas hidroeléctricas, armadoras automotrices, de maquinaria, maquila de otros productos, gasoducto y oleoductos, plantaciones forestales, tendido eléctrico de alta tensión, así como la infraestructura hotelera, de servicios y comunicaciones para el turismo de élite. Todo esto con subsidios fiscales y la garantía de servicios básicos a los inversionistas.
Desde la perspectiva geopolítica, el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec resulta estratégico para los intereses de Estados Unidos en el control económico y militar de México, en sus implicaciones hegemónicas de dominación hacia el resto de América Latina y el Caribe, y en su reposicionamiento frente a otros poderes emergentes o en competencia como China, Europa y Japón. Según el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica: “Uno de los desafíos de este momento concierne a la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, y en la que participan también potencias de alturas cercanas como Rusia. En este contexto, el control del espacio, de los mares, los territorios, las rutas y los elementos de definición de las posiciones de ventaja o vulnerabilidad, las condiciones de establecer alianzas, coaliciones o complicidades son de vital importancia. Esos territorios de paso estratégicos como Suez, Panamá y como podría ser el Istmo de Tehuantepec son cruciales para afianzar los equilibrios o asimetrías del poder mundial y se convierten en territorios rigurosamente vigilados, incluso por vía militar”.
No ha sido una casualidad que, como anticipamos hace más de un año (https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/opinion/015a2pol), la militarización se impuso, en este caso, a través de la entrega de la administración del megaproyecto del Istmo a la Secretaría de Marina-Armada de México, la estructura castrense orgánicamente más próxima a Estados Unidos, y que, por cierto, en septiembre pasado se reunió con el Cuerpo de Marines de ese país para firmar otros convenios de colaboración sin pasar por el escrutinio del Senado. “Acordaron estrechar nexos y fortalecer el intercambio de personal, el adiestramiento y las operaciones de logística y transporte de tropas mediante un acuerdo firmado por los mandos de ambas fuerzas navales” (www.defensa.com/mexico/acuerdos-colaboracion-entre-armada-mexico-cuerpo-marines-estados).
Miguel Ángel García Aguirre, fundador y coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, A. C., y de otros esfuerzos organizativos en defensa de Los Chimalapas, así como principal impulsor de la Campaña Nacional e Internacional #ElIstmoEsNuestro, ha insistido sobre el especial significado del Istmo para el país, ya que “posee diez ecosistemas naturales diferentes, que a la fecha albergan a más de 10 por ciento de la biodiversidad del planeta entero, siendo poseedora además de los más importantes macizos boscosos compactos –reguladores del clima y productores de oxígeno– que aún persisten en nuestro territorio nacional, siendo el macizo más sobresaliente la biorregión de Los Chimalapas, y produciendo de forma natural 40 por ciento de todos los escurrimientos de agua superficial (ríos y arroyos) de México”.
En 1997 se inició la resistencia contra este proyecto, que se reactivó en 2019 con la campaña El Istmo es nuestro, cuyo propósito fundamental es evitar que se consume este triple y grave atentado: contra la naturaleza, los pueblos indígenas y el pueblo negro, y la soberanía nacional. Más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales, ONG y colectivos académicos, artistas y personalidades se integraron a esta campaña manifestando su total rechazo al Programa de Desarrollo Integral.
