San Salvador., Cerca de 10 mil militares y policías cercaron la madrugada de ayer la populosa ciudad de Soyapango de 283 mil habitantes, situada en la periferia de San Salvador, como parte de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo pasado por el presidente Nayib Bukele.

“El municipio de Soyapango está cercado, pues 8 mil 500 soldados y mil 500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, tuiteó el mandatario.

Bukele anunció el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares buscaran casa por casa y arrestaran a pandilleros.

Unidades de la sección táctica operativa de la policía, acompañados por soldados, se apostaron en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado.

Todos los vehículos de pasajeros y particulares fueron inspeccionados y las personas deben identificarse para entrar y salir de la zona, mientras las unidades antiterroristas hacen registros en las comunidades.

Tras varias horas de la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que “12 pandilleros con antecedentes penales se encuentran detenidos”. La guerra contra las maras, que el presidente lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la aprehensión de más de 58 mil 800 presuntos pandilleros, según Villatoro.

Soyapango se convirtió en el primer municipio en ser intervenido dentro de la quinta fase del Plan Control Territorial, denominada “extracción”, con el que se busca ubicar y capturar a los criminales que quedan en las comunidades.

Honduras, en emergencia

En tanto, el gobierno de Honduras informó ayer que suspenderá garantías constitucionales en sectores de las dos principales ciudades del país, controlados por grupos criminales dedicados a la extorsión, narcotráfico y el sicariato que se extienden a casi toda la nación.

El también llamado estado de excepción, que se prolongará por 30 días, será aplicado a partir de este martes en algunas de las zonas más pobres de la capital, Tegucigalpa, y la norteña ciudad San Pedro Sula, asoladas por un “impuesto de guerra” que tiene en jaque a pobladores, comerciantes y transportistas.