Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer un acuerdo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para permitir el retorno seguro de un pueblo indígena desplazado en el oeste del país, el primero desde la reanudación de las negociaciones de paz.

“El punto inicial de acuerdo que logramos con el ELN, en escasamente una semana que llevan estos diálogos, es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberás a sus resguardos”, expuso el mandatario durante un acto público en el municipio de Dabeiba (noroeste).

El jefe de Estado no precisó una fecha para la reinstalación de esta comunidad que huyó de sus resguardos en los departamentos de Chocó (noroeste) y Risaralda (centro-oeste), golpeados por una guerra que enfrenta a narcos, paramilitares y rebeldes del ELN, la última guerrilla conocida de Colombia.

Las negociaciones con la insurgencia, interrumpidas en 2019 por la administración anterior en respuesta a un atentado que dejó 23 muertos incluido el agresor, fueron retomadas por Petro, el primer presidente de izquierda del país, que asumió en agosto.

Los delegados del gobierno y la agrupación insurgentes fundada en 1964 por sindicalistas y estudiantes simpatizantes de Ernesto Che Guevara instalaron la mesa el 21 en noviembre en Venezuela.

Este acuerdo podría beneficiar a un colectivo que ha organizado ocupaciones multitudinarias en varios parques de Bogotá desde finales de 2020, protagonizando fuertes choques con la fuerza pública.

Las partes conversan sin haber llegado a un cese al fuego entre la fuerza pública y los 2 mil 500 guerrilleros, según el centro de estudios Indepaz; sin embargo, se comprometieron en fechas pasadas a adelantar “procesos de alivios humanitarios”, como parte de la agenda de negociación pactada en marzo de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que firmó ese año un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas y convertidas en un partido político.

A pesar del pacto de paz, grupos armados siguen disputándose las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

Los delegados del ELN no se han pronunciado sobre lo acordado. “Sólo los cambios en la realidad del país nos conducirán a la paz. Por eso, con la participación de la sociedad, esperamos que los gobiernos se comprometan a realizar transformaciones”, escribió ayer el comandante de la insurgencia, Antonio García, en su cuenta de Twitter.

En casi seis décadas, el conflicto armado ha dejado más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Nueva política para rescatar el campo

Por otra parte, Petro anunció la puesta en marcha de la reforma agraria en cuestión de semanas de manera pacífica y sin despojar a los indígenas de sus tierras, durante la Primera Convención Nacional Campesina celebrada antier en la Universidad Nacional en Bogotá.

El objetivo es, como ocurrió en Japón o Corea del Sur, comprar la tierra, incluso a un precio comercial.

“Ese Estado que hemos recibido tiene, en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para pagar por grandes cantidades de tierra fértil y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir, también de manera rápida, en el primer banco de Colombia”, explicó.

“No se puede priorizar la producción de alimentos y su industrialización si no hay una palanca financiera que apoye al campesinado”, argumentó en referencia al Banco Agrario.

Además, defendió la adquisición de cosechas para que los campesinos no estén supeditados a las especulaciones de precios, sino que el Estado adquiera los productos y los lleve especialmente a los sitios donde hay hambre.

Petro también anunció que cientos de los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas del paro nacional ante de que él tomara posesión serán nombrados gestores de paz y podrán salir de prisión por Navidad y se remediará parte del tejido social.