Santiago. “¡No se puede dejar esto a la mano de Dios!”, exclamó esta semana el ex presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-06), en un tono de ruego y estupefacción: a punto de transcurrir tres meses desde el plebiscito del 4 de septiembre, cuando 62 por ciento rechazó la nueva Constitución chilena, la intención de revivir el proceso luce moribunda.

“Estamos llegando al límite, esperemos que pronto tengamos una respuesta. Se comentó que se retomaría en noviembre, quedan algunas ‘horitas’”, dijo, aludiendo a plazos que se agotan.

“Siempre es posible tener un acuerdo, hay que tener una mayor distancia de los temas y entender que tiene que haber respuestas ahora. ¡No se puede dejar esto a la mano de Dios! Aquí se requiere una voluntad clara de culminar ya algo que hay que hacer”, reclamó.

Lagos, que meses atrás se negó a explicitar si votaría “apruebo” o “rechazo” acerca del texto propuesto como Carta Magna y que sí dejó entrever que debía mejorarse, restó importancia al meollo de la cuestión que impide que el oficialismo y la oposición pacten: cuál sería el órgano a cargo de la redacción, cómo y quiénes lo integrarían.

La derecha, que impuso 12 “principios” para el marco constitucional, está empecinada en limitar a 50 –contra 155 del proceso fallido– el número de convencionales; no accede a escaños reservados para pueblos originarios, insiste en que buena parte de aquellos sean personas designadas y/o diputados en ejercicio; y que “expertos” jueguen un rol determinante. Un proceso del todo controlado.

El oficialismo izquierdista demanda integrar al menos 100 convencionales, todos electos y con paridad de género, también cupos para indígenas.

Sin atisbo de consenso

Según Lagos, “lo ideal sería que se pueda elegir, pero si hay dificultades, vamos directo al tema”; porque “lo importante es el plebiscito de salida, eso es lo que va a dar legitimidad final”.

Para Cristian Fuentes, académico de la Universidad Central, es clave resolver qué se rechazó el 4 de septiembre, si sólo el texto presentado por la Convención o todo el proceso.

“Si fue el texto, porque 78 por ciento de los votantes del plebiscito de entrada dijo que querían una nueva Constitución, lo que corresponde es ponerse de acuerdo en otro. Si la interpretación es que 62 por ciento del rechazo quiere que todo quede hasta acá (sic), existe un problema casi insoluble y el punto muerto es el final”, afirma.

Estima que la derecha está cruzada de opiniones diversas, al punto que la única posibilidad de superar el impasse es aceptar que los redactores sean designados a dedo.

“Existen fórmulas intermedias que protegen el principio del órgano electo, pero no se ve voluntad de explorarlas y la crisis política por la que atraviesa el país se profundizará, aunque algunos creen que la crisis ya no existe, eso es muy peligroso y el tiempo apremia.”

Muerto no, debilitado sí

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, dice que el proceso no está muerto, pero sí muy debilitado.

“Mientras desde el gobierno no existe mucho ánimo por apurarse dado el resultado del plebiscito –apabullante para la administración Boric– y la escasa popularidad del Presidente, desde la derecha se están poniendo condiciones sumamente estrictas.”

Menciona los 12 principios constitucionales, un órgano arbitrador de 14 miembros para resolver diferendos y una Convención de 50 representantes, emulando el sistema para elegir a los senadores “muy favorable para la derecha”.

“No será fácil llegar a un acuerdo dada la ausencia de incentivos y de presión ciudadana. Esta negociación podría seguir dilatándose. La única forma de llegar a un acuerdo es que la coalición del presidente –en especial el Partido Comunista y el Frente Amplio– se rinda ante la derecha y acepte sus condiciones”, señala.

Vaticina que “lo más probable es que, si hay acuerdo, esto termine en una convención mixta –conformada por miembros electos y por expertos nominados por los partidos– que en nada se asemeje a la fracasada Convención Constitucional”. Y, si no hay acuerdo, “será un tremendo fracaso de la clase política en general”.

¿Qué consecuencias podría implicar ese fracaso?

"En el corto plazo no traerá ninguna consecuencia, pero en el mediano y largo plazo, sí podríamos pagar los costos. En el corto plazo, la ciudadanía está más pendiente de la crisis económica y de seguridad pública por la que atraviesa el país. Si bien considera el cambio constitucional como relevante, no lo asume como algo urgente. No habrá protestas o marchas masivas que presionen por una nueva Constitución. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el tema reflotará. No necesariamente en un formato de estallido social, pero seguirá siendo una piedra en el zapato para Chile", predice.