Miami. Grupos defensores de los derechos de migrantes interpusieron una demanda en un tribunal federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios sobre la constitucionalidad del programa de reubicación de indocumentados del estado.

La Coalición de Inmigrantes de Florida, la organización Americans for Immigrant Justice y el Centro de Apoyo Familiar Esperanza entablaron antier la querella en el tribunal federal para el distrito sur de Florida contra DeSantis y el secretario de Transporte del estado, Jared Perdue.

Hace unos meses, la legislatura del estado aprobó una partida presupuestaria de 12 millones de dólares para reubicar a los indocumentados. El dinero procedía de los intereses obtenidos de los fondos federales otorgados a Florida en el contexto del Plan de Rescate Estadunidense.

La demanda asegura que la partida crea una definición incoherente de “extranjero no autorizado”, que no coincide con las leyes federales de inmigración.

Los grupos de defensa afirman que esta mala designación puede incluir a personas cuya presencia en el país y en Florida está autorizada por el gobierno federal, pero que ahora corren el riesgo de ser acosadas por el simple hecho de querer entrar o permanecer en el estado.

En septiembre, funcionarios de Florida organizaron vuelos desde Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, que transportaron a 49 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la isla donde el ex presidente Barack Obama tiene una casa. Los funcionarios locales no fueron informados con anticipación de la llegada de los migrantes.

El republicano DeSantis se atribuyó la responsabilidad de los vuelos como parte de una campaña para centrar la atención en lo que ha calificado de políticas fronterizas fallidas del gobierno de Joe Biden. Usó la misma táctica del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar migrantes a bastiones demócratas sin previo aviso.

Los vuelos a Martha’s Vineyard también han dado lugar a demandas judiciales en las que se acusa a Florida de haber mentido a los migrantes en San Antonio para que accedieran a abordarlos. La oficina del gobernador y el Departamento de Transporte no respondieron correos electrónicos de la agencia noticiosa Ap enviados en busca de comentarios.