Mexicali, BC., Un grupo de 80 mineros de la empresa Real de Ángeles exigieron al Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, el pago de la quincena laborada así como sus aguinaldos y prima vacacional, y definir su liquidación, pues aún tienen contratos vigentes.

Dicha mina cerró sus puertas el 1º de diciembre en medio de este conflicto laboral por despido injustificado, al que se le suma el litigio por arrendamiento de tierras y, sobre todo, el impacto ambiental por las actividades de un yacimiento a cielo abierto.

Los trabajadores de campo esperaron ayer infructuosamente al autobús que los condujera a la mina desde el ejido El Indiviso en el Valle de Mexicali. No obstante, vehículos de Frisco transportaron a sus instalaciones, en el ejido Plan Nacional Agrario en el kilómetro 123 de la carretera Mexicali-San Felipe, a personal de las áreas de recursos humanos, contabilidad, ecología y almacén.

Los inconformes expusieron que ellos se niegan a presentar su “re-nuncia voluntaria” como les propuso la minera y tampoco están dispuestos a ser recontratados en la Mina de Real de Asientos, en Aguascalientes, por el mismo salario, pero sin alojamiento y prestaciones.

La única opción que les ofreció Rafael Rostro, representante del consorcio, es trasladarse a la otra entidad, por lo cual acudieron a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) en Mexicali para denunciar el despido injustificado, el pasado miércoles.

Durante tres décadas, el consorcio de Carlos Slim explotó el yacimiento de oro y plata del ejido Plan Nacional Agrario, municipio de San Felipe, situado a 200 kilómetros de la frontera con California.

La mina se encuentra en terrenos de uso común y parcelas de las cuales no han obtenido el dominio pleno (en el registro son ejidales). El contrato venció en octubre de 2019 y persiste un litigio entre el ejido y la minera, pues ésta quiere mantener los mismos términos del contrato firmado en 1992, mientras el ejido busca mejorar sus condiciones.

Los ejidatarios advirtieron que se trata de un ejemplo claro de contrato leonino a favor de la empresa de Slim, pues el convenio incluye la renta de 2 mil 777 hectáreas, y la empresa ofrece un aumento de sólo 3 por ciento sobre lo que paga desde hace 20 años.

Desde 2021 la Dirección Estatal de Protección Civil determinó que su programa ambiental está desactualizado y carece de un manual sobre medidas de seguridad de los trabajadores.

“En ningún momento se nos notificó que terminó nuestro contrato ni que dejaría de pasar el transporte de personal”, señalaron en entrevista los mineros.

Además, la Fiscalía General de Baja California investiga la muerte de cuatro personas en la mina en un lapso de 48 meses. También existen denuncias por acoso laboral y sexual a trabajadores y trabajadoras.