Entre el rechazo y la crítica de pobladores de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Coyoacán, este sábado el gobierno capitalino realizará mil 800 asambleas vecinales en las 16 alcaldías como parte de la consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en los que se definen los lineamientos del desarrollo urbano para los próximos años y hasta 2035.

Los opositores –quienes desde ayer comenzaron a movilizarse, entre ellos los comuneros de Milpa Alta que bloquearon la carretera federal a Oaxtepec–, señalaron que este ejercicio se trata de una simulación, por lo que llamaron al gobierno a reponer el proceso, tras asegurar que ambos ordenamientos pasan por encima de los planes de desarrollo urbano de las alcaldías, se privilegia a inmobiliarias y se pone en riesgo el suelo de conservación.

También reprocharon el hecho de que no ha habido difusión de los lugares en los que se realizarán las asambleas, incluso entre los propios integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), que son los responsables de efectuar estas reuniones en las que se recogerían opiniones y propuestas de vecinos con la finalidad de que sean incluidas en ambos ordenamientos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, aseguró que el Instituto de Planeación Democrática realiza la consulta conforme a lo establecido en la ley desde el momento en que se lanzó la convocatoria. “Estamos haciendo todas las asambleas necesarias para que haya mucha participación y opiniones de los vecinos”.

Agregó que se escuchan todas las voces, “parte de los foros que se han hecho es para hacer un documento único donde estén expresadas todas las opiniones y a las personas que han manifestado su inconformidad también se les involucra para que formen parte de este proceso”.

Respecto a la inquietud de arquitectos y urbanistas que han expresado que antes de la aprobación de estos dos instrumentos se requiere de una ley secundaria, el funcionario precisó que se acercarán a ellos para explicarles jurídicamente cuál es la ruta a seguir después de que concluya la consulta, pues no hay ninguna ilegalidad en su aplicación.