Bogotá. Una mujer testifica que, mientras participaba en las multitudinarias protestas de 2021 en Colombia, un policía antimotines la separó del grupo, la tocó indebidamente y la amenazó. “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca”.

Su caso es uno de los 28 que documentó Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado ayer enfocado en la violencia basada en el género, incluida las agresiones sexuales, contra mujeres y personas LGBTI entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 durante las protestas callejeras. Los testimonios fueron protegidos bajo el anonimato por pedido de las víctimas.

El estallido social de 2021 comenzó por la inconformidad de miles de personas con una reforma fiscal que impulsaba el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). La ley no prosperó por la presión en las calles, pero las manifestaciones se extendieron durante dos meses con reclamos por el desempleo, la pobreza y la exigencia de garantías para protestar sin represión. Las jornadas fueron mayoritariamente pacíficas, pero hubo brotes de violencia y al menos 46 personas murieron, según la Organización de Naciones Unidas.

“Los agentes no me cuidan”

Amnistía Internacional, en su informe titulado La policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021, señaló a los agentes de seguridad pública como principales sospechosos e indicó que la mayoría de las agresiones se produjeron durante la dispersiones de masas en las que lanzaban gases lacrimógenos.

Las agraviadas eran manoseadas bajo el pretexto de que se trataba de una requisa y AI documentó que en dos casos la agresión habría sido cometida en centros de detención o vehículos oficiales.

Una víctima relató que después de haber sido impactada por una bala de goma, observó a un agente llevarse a su hija y cómo aquel “trató de ahogarla en un pozo de agua”. Al intentar ayudarla, dijo la madre, fue golpeada, desvestida y tocada por un agente de manera indebida en sus genitales. Las violentadas no presentaron una denuncia formal por temor. La fiscalía ha identificado 22 víctimas de violencia de género en el marco de dichas protestas, según un informe público actualizado a septiembre. Entre los casos investiga dos hechos de violencia sexual, tres por violación y uno por tortura, y ha logrado nueve capturas e imputado a 13 personas.

La ONU indicó en un reporte de 2021 que recibió 60 denuncias de víctimas de violencia sexual y verificó que en 16 casos los “guardianes del orden” son presuntos responsables.

La estatal Defensoría del Pueblo llegó a consolidar 112 expedientes de violencia basada en género que corresponden a agresiones por parte de la uniformados durante las protestas y un caso en el que una mujer policía fue agredida por los manifestantes, según un informe que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De los 28 asuntos legales documentados por Amnistía, 24 fueron cometidos contra población femenina, entre ellas algunas con orientación sexual e identidad de género diversa, y cuatro contra hombres, de los cuales uno se identifica como gay.

Amnistía también denunció que la violencia tuvo en algunos casos connotaciones racistas al cometerse contra indígenas y afrodescendientes.

Una mujer denunció agresión por estar identificada con un logo de un grupo indígena: “Yo me resistí y empecé a gritar, me taparon la boca, me arrancaron la camisa... ‘usaron’ mi cuerpo como animales repartiéndose su presa”. Ella denunció a las autoridades, pero luego recibió una amenaza y tuvo que huir para proteger su vida.

Los cuestionamientos a las corporaciones del orden sobre el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones produjeron algunos cambios en la institución y el nuevo gobierno del progesista Gustavo Petro ha prometido que los agentes respetarán los derechos humanos y no atacarán indiscriminadamente a los manifestantes.

Amnistía Internacional recomendó en su informe que Petro, como jefe máximo de la seguridad pública, ordene detener las violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos, y que el Estado disponga mecanismos independientes de supervisión de los cuerpos policiales en todos sus órdenes.