El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, destacó ayer que el voto de su partido contra la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que envió el Ejecutivo no es un cheque en blanco para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Subrayó que de este organismo “esperamos austeridad, menos estridencia y que se legitimen con su trabajo”, y resaltó que el tricolor tampoco va a votar a favor de la reforma secundaria en el ámbito electoral, que se conoce como el plan B, porque “no es el momento de modificar” la legislación.

En tanto, Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, precisó que la fecha límite para aprobar el plan B es el 3 de abril de 2023, esto es, seis meses antes de que comience el proceso electoral de 2024.

Sin embargo, dijo esperar que sea antes del 10 de diciembre próximo cuando se vote, para que la minuta que modificará seis leyes reglamentarias se remita al Senado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.

Mier destacó que la reforma secundaria “se está cocinando” y, entre otros puntos, incluirá la restructuración interna del INE. Sólo de la fusión de las direcciones de organización y capacitación saldrá un ahorro de 3 mil millones de pesos, adelantó.

Convocatoria para elegir al nuevo consejo

Previó, por otra parte, que la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros electorales, los lineamientos del procedimiento y la conformación del comité técnico se publicarán el 13 de diciembre próximo, y a partir del 15 del mismo mes se inicie el proceso de definición, que concluirá el 3 de abril. La votación en el pleno de San Lázaro se prevé para el 30 de marzo.

Moreira, quien informó que su partido impugnará la multa que le aplicó el INE el martes pasado por 54 millones de pesos, consideró que lo más conveniente es que los nuevos consejeros surjan del consenso de los partidos políticos.

El priísta dijo esperar que haya acuerdos en este tema, en el que se deben buscar los perfiles sobresalientes, los mejor evaluados y que cuenten con el apoyo de las dos terceras partes de los diputados, para no recurrir a la tómbola.

Si bien este último paso está en la ley, “creo que lo más conveniente es que el que sea presidente y los que sean consejeros tengan el consenso de los partidos”, insistió.

Moreira detalló por qué el PRI sufragará contra la reforma constitucional en materia electoral: no es pertinente en este momento, es centralista, no abre espacio para atender los temas de género y acciones afirmativas y no plantea ninguna medida para evitar que el narcotráfico entre a las elecciones.

Agregó que los otros partidos que se oponen no dan estos argumentos: “Es sencillamente el pleito que traen con el Presidente. Nosotros lo hacemos desde la razón”, enfatizó.

Estimó necesario legislar para evitar que el narcotráfico se involucre en procesos electorales. Por ejemplo, se requieren mecanismos para desmontar ayuntamientos donde participen los criminales y tener un zar antinarco en los comicios. Sin embargo, dijo no ver interés de las otras bancadas en este punto.

El priísta resaltó que en los estados donde gobierna el partido Movimiento Ciudadano (MC) campea el trasiego de drogas, y “tan campea que no hay autoridades en algunos de los municipios”. Aseguró que de los miembros de este partido escucha “puras bravatas, pero son paleros del narco”.

Por su lado, el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, informó que su partido impugnará la multa que le impuso el órgano electoral por 323.4 millones de pesos por irregularidades en la fiscalización de sus gastos.