Lo que está en juego en Chihuahua estos días no es el enfrentamiento entre la actual administración estatal y la pasada; ni mucho menos otra disputa política más de dimensiones meramente locales. No es exagerado decir que se trata del sentido y del futuro inmediato de la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país, si ésta es solamente una postura obligada por la mercadotecnia electoral o una convicción profunda, vigente y actuante de ética pública.
Es muy comprensible que muchas personas no estén al tanto, dada la euforia generada por la marcha del pasado domingo 27. En breve: el lunes 21 la policía estatal de Chihuahua aprehendió al maestro Francisco González Arredondo, ex fiscal de derechos humanos y ex fiscal anticorrupción durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2015-21). Un testigo protegido lo acusa de haber usado contra él “tortura sicológica” en su investigación de los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua, integrados y judicializados contra el ex gobernador César Duarte Jáquez y varios de sus ex colaboradores. Contra Duarte –acusado del desvío de 6 mil millones de pesos del erario– se activaron 14 órdenes de aprehensión, mismas que sustentaron su detención en Estados Unidos y posterior extradición en junio pasado.
Pocas horas después de la detención, el padre del ex fiscal falleció de un infarto por la fuerte impresión que le causó presenciar cómo sometían a su hijo con lujo de fuerza los elementos de 10 patrullas de la policía estatal que portaban armas largas.
Según argumentan la defensa de González Arredondo y organizaciones proderechos humanos ha habido toda una serie de violaciones al debido proceso: uso desproporcionado de la fuerza pública, incomunicación durante siete horas; imprecisión total en los cargos que se le imputan; no presentación de las evidencias de las entrevistas que se hicieron a quienes denuncian la supuesta “tortura sicológica”, violación del término legal para vincular a proceso. Además, la juez de control se negó a otorgar la prisión preventiva en el domicilio del imputado y se le recluyó en el mismo penal y mismo espacio donde compurgan su pena los acusados por el entonces fiscal. Estas son sólo algunas de las irregularidades de lo que se percibe como una venganza expedita y una justicia atascada.
Llama la atención que, luego de 90 causas penales juzgadas, de 180 amparos resueltos contra los imputados en los ilícitos contra el erario chihuahuense, después de que la corte del distrito de Miami y el Departamento de Estado analizaron el expediente y no encontraron ninguna irregularidad y que la misma Secretaría de Relaciones Exteriores lo analizó con cuidado antes de pedir la extradición de Duarte, después de todos esas instancias que fungieron como verdaderos controles de calidad de los procesos penales, en Chihuahua se pretenda derrumbar todo lo actuado con una reciente denuncia por “tortura sicológica” que aún no se ha logrado acreditar y que se esgrimió muy tardíamente.
Todo esto ha generado una reacción indignada de diversos grupos de la sociedad chihuahuense, comenzando por los propios alumnos universitarios del ex fiscal, por diversas organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas ayudados por él en repetidas ocasiones, por la Academia de Ciencias Penales, por el delegado de Programas de Bienestar del gobierno federal en el estado. Todos exigen apego irrestricto al debido proceso, y denuncian la maniobra de descalificar las acusaciones contra Duarte y compañía y lograr su excarcelación.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado ha insistido en algo clave, no sólo para éste sino para otros casos: que los procesos por corrupción, sobre todo los que se siguen contra funcionarios que persiguen la corrupción, no se lleven a cabo por instancias judiciales del mismo estado, por lo que es necesario que los atraiga la Federación, para blindarse contra complicidades y venganzas.
¿Qué sentido tiene luchar contra la corrupción y la impunidad en estas circunstancias? ¿Quién se va a animar a ser funcionario anticorrupción cuando puede ser luego víctima de las represalias de los corruptos y sus cómplices en los poderes Ejecutivo y Judicial? ¿Quién va a arriesgar todo por combatirla, mientras desde el poder la corrupción se banaliza, como diría Hannah Arendt? ¿Para qué se gastan enormes cifras de recursos en instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales, los organismos ciudadanos, si a final de cuentas la impunidad no se toca desde el poder establecido? Eso sí que vulnera la democracia.
