El desplazamiento interno forzado por violencia e inseguridad en México tiene una frecuencia de más del doble en regiones mineras que en zonas libres de concesiones y sin actividad extractiva, señalaron especialistas en la materia.

A escala nacional, la tasa más baja de migración por los factores antes mencionados está en territorios con potencial minero pero libres de concesiones y proyectos (con una tasa de 61 desplazados por cada 100 mil habitantes), y aumenta conforme se intensifica la actividad extractiva, a razón de 103 personas en regiones concesionadas, 122 en zonas con proyectos mineros y 131 migrantes por inseguridad en regiones con conflictos mineros.

Al presentar la edición 181 del suplemento La Jornada del Campo, “Saldos de la Ley Minera”, Manuel Llano, de CartoCrítica, señaló que 9 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería y existen al menos 965 proyectos extractivos vigentes, la mayoría de ellos de oro (470), plata (190), cobre (81), fierro (68) y zinc (14).

De acuerdo con su investigación –realizada con base en la regionalización del territorio nacional conforme a la actividad minera–, los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en zonas con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

El caso de Guerrero “es el más dramático”, pues mientras los municipios con potencial minero (pero libres de esta actividad) tienen una tasa de 174 personas que migran por inseguridad y violencia, los que cuentan con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país: 728 por cada 100 mil.

Los municipios de Michoacán donde existen conflictos mineros son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad y violencia presumiblemente ligado a la minería, con una tasa de 613 personas. Sinaloa tiene una tasa promedio de 429 migrantes, cifra 10 veces más alta que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42.

Llano recalcó que existe relación entre la minería y la violencia, pues en los pasados 10 años se han registrado 11 homicidios de defensores ambientales.