Santiago. El Senado de Chile rechazó la controversial candidatura del abogado José Morales Opazo para ocupar el cargo de fiscal nacional durante los próximos ochos años, cuyo nombre había sido propuesto por el presidente de la república, Gabriel Boric, infligiendo así una derrota política al gobierno.

Morales, actual jefe adjunto de la Fiscalía Santiago Norte, obtuvo el respaldo de 31 de los 50 senadores en ejercicio, pero su ratificación requería un mínimo de 33; mientras seis parlamentarios votaron en contra y ocho se abstuvieron.

Los votos en contra y las abstenciones fueron de senadores de los opositores partidos Democracia Cristiana, Renovación Nacional y de los oficialistas Socialista y Frente Regionalista Verde Social e independientes.

El nombre de Morales, favorito de la derecha y también de sectores de la centroizquierda, suscitaba suspicacias y resistencias porque tiene la reputación de “sepultar” causas penales en las que fueron imputados penalmente figuras de la política y del gran empresariado, al punto de que en los ambientes judiciales se le conoce con el mote de sepulturero, por la dilación excesiva e injustificada de sus investigaciones.

Sabas Chahuán, ex fiscal nacional que dirigió el Ministerio Público entre 2007 y 2014, atacó fuertemente la candidatura de Morales cuando hace un par de días se dejó decir que “no tiene el perfil ni las competencias necesarias” para el cargo, porque “dilata los casos o los abrevia extremamente, no realiza todas las diligencias que son pertinentes. Nunca he tenido la impresión de que Morales sea particularmente diligente, rápido ni acucioso; y tampoco tiene la falta de reproche, ha sido muy reprochado”.

Con esa reputación a cuestas, muchos se preguntaban por qué el presidente Boric escogió su nombre entre los cinco que seleccionó y le presentó para elegir uno la Corte Suprema, de entre 17 aspirantes examinados.

Las explicaciones apuntan a que generaba consenso amplio entre sectores gobiernistas y opositores, al menos el justo y necesario para que fuera aprobado, un cálculo mal hecho y que finalmente falló, causando una derrota política grave a Boric y particularmente a sus ministras del Interior, Carolina Tohá; de Justicia, Marcela Ríos, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, que fueron responsabilizadas de practicar un fuerte lobby para promoverlo.

A la hora de justificar su voto en contra, el senador independiente Karim Bianchi argumentó: “hay unos aquí que han avalado el financiamiento ilegal de la política y apoyan a Morales. Y eso me hace dudar. Yo no quiero que con un voto se tenga una póliza de seguro. Lo que quiso hacer el presidente Boric es evitar un fracaso político y conversó con la (derechista) UDI (Unión Demócrata Independiente). Ni el mejor ‘sepulturero’ ha podido enterrar el sistema binominal”, aludiendo así al cuoteo político.

Así, corresponde ahora que la Corte Suprema haga llegar a Boric una nueva quina de nombres –obviamente sin el del fallido Morales– para que se repita el proceso.

El Ministerio Público es una institución severamente cuestionada por su lento actuar o total dilación de justicia, existiendo acuerdo en que requiere de profundas transformaciones.