La Haya. Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo sobre el estatuto de las aguas del río Silala, indicó este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que puso fin a la disputa legal entre ambos países que comenzó en 2016.

La CIJ, con sede en La Haya, constató por abrumadora mayoría que en seis de los ocho puntos en discusión hubo coincidencias evidentes que eliminaron la necesidad de un pronunciamiento, ya que "no hay dudas" de que el Silala es un curso de agua internacional y que las partes están de acuerdo en ello.

En los puntos restantes, la CIJ rechazó una denuncia de Chile sobre supuesto incumplimiento boliviano de su obligación de cooperar, así como otra de Bolivia sobre el acceso a las aguas superficiales del Silala.

El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, expresó en una nota que "ha concluido la controversia sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala y a partir de ahora en base al Fallo, Bolivia ejercerá los derechos que tiene sobre las aguas del Silala".

La agente (principal representante) de Chile ante la CIJ, Ximena Fuentes, consideró que el fallo era "bueno", porque ahora los dos países podrían "pasar la página" y profundizar la cooperación en materia de recursos hídricos.

"Lo importante es que la CIJ resalta cómo gracias al procedimiento fue cambiando la naturaleza de las respuestas de Bolivia, terminando en un allanamiento por parte de Bolivia a la demanda chilena", dijo Fuentes.

Chile reclamaba que la CIJ declare al Silala como un río internacional y que como tal se sujeta al derecho internacional del uso equitativo y razonable.

El Silala nace en bofedales (humedales de altura) en el departamento boliviano de Potosí y en su trayecto atraviesa la frontera con Chile.

El caso llegó a la CIJ en 2016, cuando Chile pidió a esa corte que declare al Silala formalmente como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.

Bolivia respondió en 2018 con una contrademanda para que la corte le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos para reunir agua de manantiales, y exigió que Chile pague una indemnización por uso de esos recursos.