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2022-12-01 06:00

Cierra mina de Grupo Frisco en BC; deja conflictos laborales y por tierras

Ejidatarios de Baja California protestaron en 2021 luego de que Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, ofreció un aumento de sólo 3 por ciento para renovar un contrato de arrendamiento por 2 mil 800 hectáreas en las cuales se estableció la minera Real de Los Ángeles, que extrae oro y plata. Este jueves se suspenderán actividades en el yacimiento debido a la falta de acuerdos.
Ejidatarios de Baja California protestaron en 2021 luego de que Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, ofreció un aumento de sólo 3 por ciento para renovar un contrato de arrendamiento por 2 mil 800 hectáreas en las cuales se estableció la minera Real de Los Ángeles, que extrae oro y plata. Este jueves se suspenderán actividades en el yacimiento debido a la falta de acuerdos. Foto La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
jueves 01 de diciembre de 2022 , p. 29

Mexicali, BC., En medio de un conflicto con ejidatarios por el arrendamiento de 2 mil 777 hectáreas y denuncias de trabajadores por despido injustificado, la mina del Grupo Frisco de Carlos Slim cerró operaciones en el puerto de San Felipe.

Hoy dejará de operar la mina Real de Ángeles por las irregularidades que se han registrado durante el último lustro, acusaron un centenar de obreros que acudieron a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) en Mexicali para denunciar el despido injustificado.

El geólogo Rogelio Orman Castro, trabajador de la mina que extrae oro y plata, expuso que hace una semana les notificaron que se suspenderían las actividades y procedieron a negociar con los trabajadores sindicalizados, a diferencia de los empleados de confianza, a quienes les condicionan su “renuncia voluntaria”.

Señaló que él labora en ese yacimiento desde hace 15 años, situación que no importó a los directivos de la empresa. La mina se sitúa en el ejido Plan Nacional Agrario, en el kilómetro 123 de la carretera Mexicali-San Felipe.

Guadalupe Barceló, técnico en operación de maquinarias con 10 años de antigüedad, dijo que la única opción que les ofreció Rafael Rostro, representante del consorcio, es acudir a trabajar a una mina de Grupo Frisco en Aguascalientes.

Sin embargo, no tendrán campamentos para vivir, ni les costearán el transporte ni reconocerán los años laborados en la mina de San Felipe, por lo que acudieron ante la justicia laboral federal para que los asesore y represente jurídicamente.

Jonathan Breceda, ayudante de maquinaria, explicó que las cuatro muertes de trabajadores ocurridas en los últimos dos años en la mina y los conflictos administrativos por el retraso en el pago de utilidades y prestaciones, así como despidos injustificados a los empleados que levantaron la voz, obligó a la autoridad laboral federal hacer observaciones y aplicar sanciones que la compañía no solventó, por lo que decidieron mudarse a Aguascalientes.

“Nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, pero que para el primero de diciembre no habrá nadie en la mina, que si queríamos nos fuéramos este miércoles en los camiones de Grupo Frisco para Aguascalientes; de lo contrario, no nos darían más dinero”, sostuvo.

Además, los propietarios de las tierras del ejido Plan Nacional Agrario del municipio de San Felipe tienen un conflicto con la mina Real de Ángeles por el arrendamiento de tierras.

La mina se encuentra en terrenos de uso común y parcelas de las cuales no han obtenido el dominio pleno (en el registro son ejidales). El contrato venció en octubre de 2019 y persiste un litigio entre el ejido y la minera, pues ésta quiere mantener los mismos términos del contrato firmado en 1992, mientras el ejido busca mejorar sus condiciones.

Los ejidatarios advirtieron que se trata de un ejemplo claro de “contrato leonino” a favor de la empresa de Carlos Slim, ya que el convenio incluye la renta de 2 mil 777 hectáreas, y la empresa ofrece un aumento de sólo 3 por ciento sobre lo que paga desde hace 20 años.

Este ofrecimiento fue rechazado por los 214 ejidatarios, pues en las condiciones negociadas recibían un pago general de 3 millones de pesos; es decir, a cada familia le corresponden 14 mil 18 pesos anuales por renta de sus tierras, lo cual contrasta con las ganancias que logra la mina por la cantidad de extracción del metal.

También denunciaron que esta empresa no ha hecho obra social en la comunidad y se limita a obtener dividendos del oro y la plata que explota en la península de Baja California.

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