Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha encontrado evidencias que sustentan el desvío de mil 705 millones de pesos por parte de altos ex funcionarios de administraciones anteriores, afirmó la titular de la dependencia Ernestina Godoy.

Durante una mesa de trabajo con diputados locales, la fiscal mostró un listado de ex servidores públicos que son parte de los casos de corrupción “de gran impacto” para la capital.

Entre ellos se encuentran Carlos Meneses, ex secretario de Movilidad, que si bien fue vinculado a proceso, se encuentra amparado, lo que le permite llevar su juicio en libertad, pues se le acusa de haber autorizado la compra de tabletas electrónicas para taxis; por esa mismo razón está señalado por fraude Eduardo Zayas, quien fue el empresario que diseñó y vendió los dispositivos al gobierno, indicaron fuentes de la Fiscalía.

También figuran Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Capital Humano, quien está vinculado por uso indebido de atribuciones y facultades; Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda; Julio César Serna, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, así como Nicias Aridjis y Luis Vizcaíno, ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, todos por enriquecimiento ilícito. Por ese mismo delito también figuran los hermanos Mauricio y Nelson Toledo.

“El compromiso de acabar con la corrupción va en serio, con energía, que nadie se sorprenda; el combate a la corrupción no sólo es una obligación constitucional, es convicción personal, es un delito, no derecho político, su persecución es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir actuando sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla”, indicó Godoy.

Durante su participación, la Fiscal capitalina pidió a los diputados mayores recursos para consolidar el trabajo de la dependencia, “ya que las obligaciones han aumentado, pero no el presupuesto”, que es necesario para incrementar la capacidad operativa, contar con más herramientas tecnológicas, mejores espacios de atención ciudadana e infraestructura a fin de abonar a la transición de la FGJ, así como otorgar incrementos salariales y pagos de juicios laborales.