La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que da valor constitucional a la permanencia de las fuerzas armadas en las calles de ciudades y poblaciones del país a fin de combatir al crimen organizado, marca –con todo y las dudas expresadas en el órgano colegiado– una forma para reparar la situación de indefensión en la que se hallan, aún hoy, un gran número de comunidades en México.

Ninguna ciudad en todo el país, y los municipios menos, tiene la capacidad necesaria para enfrentar los ataques de las bandas. Por ahí de 300 municipios en toda la República carecen de fuerzas policiacas locales, de ese tamaño es el requerimiento de un cuerpo entrenado para evitar los daños que causan a la población.

Durante años se impidió vía presupuesto, corrupción o descuido la formación de policías acordes con las amenazas que se convirtieron en monstruosas realidades. Después, el miedo a ser ultimado por esas bandas hizo que nadie se atreviera a ponerse el uniforme de agente municipal y hasta estatal, además de que los salarios eran de miseria.

Por eso resultó de mayor calado el que la Corte se pronunciara, en mayoría, a favor de hacer que las fuerzas armadas cuiden la seguridad en todo el país. La ministra Yasmín Esquivel se apoyó en la misma Constitución y su articulado, lo que dio claridad a la solución que desde el Ejecutivo se ideó para enfrentar el problema.

Pero lo que nadie se esperaba fue la reacción del ministro Juan Luis Alcántara, un hombre considerado como convencido de la transformación del país y a quien se suponía al tanto de las urgencias de muchos poblados en donde se pide a gritos que se les dote de un grupo de la Guardia Nacional para sentirse seguros, quien decidió manifestarse contrario al acuerdo que dispone de las fuerzas armadas para servir en tareas de seguridad pública.

Esto nos hace ver la necesidad de hacer más eficaces los instrumentos de comunicación que tiene la Presidencia de la República. Los enlaces que requieren este tipo de movimientos del Ejecutivo deben establecer diálogos que lleven al convencimiento. Es probable que en alguna ocasión ningún argumento logre mover las decisiones que un ministro o político haya tomado porque ideológicamente no está de acuerdo, porque su interpretación de ley no encaja en lo propuesto o porque simplemente daña a sus intereses en general, pero comunicar profusamente las razones de la Presidencia es de todas formas un esfuerzo que debe hacerse siempre.

La seguridad, la respuesta al crimen organizado ya no presenta muchas opciones para aplicar. Lo probado hasta ahora ha fracasado. Los presidentes de Colombia y México lo han confesado y saben que no basta con reconocerlo. La forma que se ha emprendido en México va en la búsqueda de esas nuevas y más efectivas maneras para lograr el éxito en esta tarea.

El apoyo que esta vez brindó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la estrategia del gobierno parte, desde luego, del reconocimiento de una verdad, de una realidad que pesa en el país, por eso no se explica por qué el voto del ministro Alcántara niega esa urgencia. ¿Qué se oculta en ese sufragio?

De pasadita

¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que las calles de la ciudad logren borrar la epidemia de baches de todos tamaños creados a lo largo y ancho de la urbe?

Esto es algo más que urgente. La propuesta de egresos que presenta el presupuesto del gobierno central incrementa los recursos para las demarcaciones, pero cuando uno mira y siente la condición de las calles la pregunta salta: ¿Qué no les ministraron lo suficiente para impedir la desgracia en el arroyo vehicular? O más, ¿dónde está el dinero que debería haber servido para ese fin? Seguramente no habrá respuestas.