Washington. El fundador del grupo Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue declarado culpable ayer de conspiración sediciosa en relación con el intento de golpe de Estado para revertir el triunfo electoral del demócrata Joe Biden, lo que significa un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales sobre la insurrección del 6 de enero de 2021.

Un jurado de Washington DC declaró a Rhodes culpable de sedición después de tres días de deliberaciones en el juicio que expuso los esfuerzos del grupo ultraderechista para mantener al republicano Donald Trump en la Casa Blanca a cualquier costo. Rhodes fue absuelto de otros dos cargos de conspiración.

Utilizando decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de las cámaras de vigilancia, los fiscales expusieron su argumento de que Rhodes comenzó a preparar una rebelión armada para detener la transferencia de poderes presidenciales poco después de los comicios de 2020.

A lo largo de siete semanas de testimonios, los jurados escucharon cómo fue que Rhodes movilizó a simpatizantes para pelear en defensa de Trump, discutió la posibilidad de una “sangrienta” guerra civil, y advirtió que los Oath Keepers tal vez tendrían que “levantarse en armas” para derrotar a Biden si Trump no tomaba medidas.

Rhodes y otro acusado, Kelly Meggs, quien también fue declarado culpable de sedición, son los primeros en casi 30 años en ser declarados culpables en un juicio del inusual cargo que se remonta a la Guerra Civil. El juicio fue la mayor prueba hasta el momento para el Departamento de Justicia en sus intentos por exigir cuentas a los responsables del ataque que estremeció las bases de la democracia estadunidense.

El cargo de conspiración para cometer sedición conlleva una sentencia hasta de 20 años de cárcel.

En otro orden, el Senado aprobó una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, ante el temor de que la Suprema Corte lo revoque tal como hizo con el derecho al aborto.

Por otro lado, la Suprema Corte fue escenario de una disputa teñida de política partidista sobre una medida del gobierno de Biden que daría prioridad a la deportación de personas que se encuentren sin documentos en el país y constituyan mayor peligro para la seguridad pública.