Ciudad de México. Una rebelión interna de Morena frenó anoche un acuerdo de su coordinador, Ignacio Mier, con el PVEM, que a cambio de votar este martes en favor de la reforma electoral pidió revivir la iniciativa para instaurar la cobranza delegada a fin de que las empresas descuenten, antes de pagar el salario, parcialidades de créditos adquiridos por los trabajadores, medida considerada abusiva porque afectaría hasta 40 por ciento de su ingreso.

El proyecto pretendía ser aprobado hoy por la Comisión de Hacienda antes de la discusión de la reforma electoral, tal y como se hizo cuando se necesitaban los votos del Verde para la eléctrica. No obstante, ante el descontento de los morenistas “por el nuevo chantaje”, decidió sacarse del orden del día de la comisión.

En marzo la Cámara de Diputados aprobó un paquete de modificaciones a las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como de la de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que obligaba a los patrones a pagar a las instituciones financieras la parcialidad de un crédito de nómina y depositar al empleado el resto.

A propuesta del PVEM, a la iniciativa original de los senadores se aumentó el cobro de 1.2 veces el costo anual total (CAT) a los créditos, por lo que se devolvió al Senado donde ante las críticas se congeló.

Durante su conferencia en Veracruz el 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de ser aprobada la vetaría: “No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado. No creo que ningún legislador consciente apruebe eso”.

El coordinador de finanzas de Morena, Daniel Gutiérrez, volvió a presentar la iniciativa, pero ahora endurece las medidas a los trabajadores al pretender que el cobro sea hasta de 1.4 veces el CAT y el descuento de 40 por ciento al salario.

Se trata de un mercado con 4.6 millones de créditos y según la iniciativa el saldo a julio pasado es de 260 mil 100 millones de pesos, de los cuales “58.5 por ciento lo concentran sólo dos oferentes”.

La iniciativa de Gutiérrez propone hacer irrevocable la libranza de cobro para los trabajadores en tanto exista adeudo y que los créditos pasen al nuevo esquema.