La presunta manzana de la discordia, la reforma electoral deseada por Palacio Nacional, pasará hoy por la aduana legislativa que en esta primera instancia le será desfavorable (luego vendrá el sumamente acotado plan B), tal cual se preveía antes de las dos marchas que generó, una en defensa del supuestamente intocable Instituto Nacional Electoral y otra en respuesta cuatroteísta no confesa, pero evidente, en el marco de un informe presidencial de labores.
La disputa por lo electoral, y las marchas consecuentes, no son sino fases de definición de la batalla mayor que pasará por Coahuila y el estado de México (bastiones del príismo dinosáurico) para desembocar en los comicios generales de 2024. Luego de los dos domingos en marcha, han quedado muy definidos los dos proyectos de nación que van en curso de colisión, ojalá y sólo electoral.
A pesar de las narrativas mutuamente excluyentes (narrativas bélicas, a fin de cuentas, con propósito de extinguir al “enemigo”), en el escenario político han quedado instaladas las dos fuerzas: el conjunto de intereses que desean recuperar el poder, que por primera vez en esta lid han podido fijar discurso y pelear por la agenda, sobre todo en el ánimo de la fluctuante clase media, y el conjunto de personajes y fuerzas que bajo el mando de López Obrador pelean por la continuidad de su proyecto (el panismo pudo sostenerse en Los Pinos 12 años; el regreso del PRI, con Enrique Peña Nieto, muy a fuerza dio para un sexenio).
En otro tema, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, abordó en entrevista por Internet el tema de Ohuira, la bahía del municipio de Ahome, en Sinaloa, donde se pretende construir una planta de amoniaco entre protestas firmes de la comunidad de indígenas y pescadores que aseguran estar dispuestos a defender con todo esa zona de necesaria preservación ecológica, que contiene un humedal incluido en el convenio internacional de protección (al que México se adhirió en 1986) llamado Ramsar, por la ciudad en que ese compromiso fue firmado.
Albores recibió el jueves pasado a gobernadores tradicionales y representantes de las comunidades directamente afectadas, quienes expusieron las irregularidades graves cometidas en este proceso (entre otras, “consultas públicas” mal hechas, influidas por Gobernación federal, el gobernador Rocha Moya y el presidente municipal Vargas Landeros).
Les dijo que comunicará al presidente López Obrador el sentido de las protestas y podría darse una entrevista con él: “Tendré la oportunidad de estar en la próxima gira del presidente, el fin de semana; entonces, también le platicaré de manera cercana todas las inquietudes de los compañeros”. La propia Albores programaría una visita directa a la bahía de Ohuira el año en puerta o el propio diciembre, de ser posible.
“De acuerdo con la plática que tuvimos con los compañeros de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, están muy firmes en dos cosas: que se reubique el proyecto o que se cancele, y ellos nos dijeron muy legítimamente que van a seguir en la oposición del proyecto porque lo consideran una imposición”, señaló Albores (nota https://bit.ly/3gMwFuw y video https://bit.ly/3XGw9P3).
Al igual que en el estado de México, las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en Coahuila han reiterado su disposición a ir en alianza a los comicios del año próximo, cuando se elegirá gobernador. En ambas entidades, los líderes nacionales de los partidos (Marko, Alito y Zambrano: Maliza) están dejando las negociaciones y acuerdos en las instancias locales, pero reservándose la última palabra.
Todo está armado para que Manolo Jiménez, secretario de desarrollo social del gobierno de Miguel Ángel Riquelme, sea el candidato al relevo. El aparato príista aspira a unidad de la versión local de Va por México y entre los propios aspirantes del tricolor, con la esperanza de que en Morena se produzcan rupturas entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía Berdeja. ¡Hasta mañana!
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