Lima. El gobierno de Perú hizo oficial su posición luego de que el Congreso le negó “de plano” su respaldo, exigido por el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, lo que acrecienta las posibilidades de que el presidente Pedro Castillo cierre el Parlamento.

“Ante este ‘rechazo de plano de la posición de confianza’ la consecuencia es la crisis total del gabinete”, se indica en el acta del consejo de ministros con fecha del día 24 y hecha pública ayer.

La cuestión de confianza es un instrumento constitucional en Perú por el cual el Ejecutivo pide el apoyo expreso del Legislativo en políticas o iniciativas de gobierno, y está destinado a establecer un equilibrio de poderes.

Si el Congreso le niega la confianza (apoyo a una iniciativa política) al Ejecutivo dos veces en un mismo mandato, el presidente queda facultado para disolverlo.

El 17 de noviembre, el entonces primer ministro Aníbal Torres acudió al Congreso a solicitar el apoyo del Congreso para derogar una ley que regula la realización de referendos para modificar la Constitución.

Torres argumentó que la ley debía derogarse para que las iniciativas de modificación de la Carta Magna no pasen por la aprobación del pleno del Parlamento, y que sean decididas directamente por las autoridades en materia electoral que regulan las cuestiones relativas a las convocatorias a referendos.

La mesa directiva del Parlamento consideró que la norma que pretendía derogar el Ejecutivo es clara sobre las competencias del Congreso para aprobar referendos, por lo que rechazó la solicitud de Torres como una aplicación de la cuestión de confianza.

El Ejecutivo considera que el Congreso sí le negó la confianza exigida, contrariamente a lo que piensa la mesa directiva.

En este contexto, la congresista opositora Patricia Chirino presentó una denuncia por infracción constitucional contra Castillo, el ahora ex premier Torres, y la mayoría de los miembros del gabinete.

Chirinos, de la bancada de extrema derecha Avanza País, los acusa de infracción constitucional, por presentar una moción de confianza atada a un proyecto de reforma que restablezca el equilibrio de poderes alterado, según el gobierno, en desmedro de éste.

La denuncia plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de cargos públicos a Castillo y los demás imputados.

La congresista sostiene que los denunciados incurrieron en infracción constitucional al interpretar como negación de la confianza el “rechazo de plano” de la misma por ser improcedente, según el Congreso, que se reserva el derecho de interpretarla.

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, hizo un llamado a tender puentes entre las instituciones del Estado. “Lo que nosotros advertimos es una severa crisis política en el país, que genera un grave riesgo a la institucionalidad democrática”, comentó Barrios a la radio local RPP.

El vocero del partido oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, manifestó el arrepentimiento de la fuerza política por haber apoyado la candidatura de Castillo al considerar que “no está cumpliendo con el ideario”.

En ese sentido, enfatizó que desde la campaña electoral se prometió el cambio de Constitución y aún no lo cumplen.

“Tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido el tema político, a través del presidente actual, porque no está cumpliendo”, reiteró.