Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó este martes al tribunal de ser "un verdadero pelotón de fusilamiento", al pronunciar sus palabras finales en un juicio por presunta corrupción en la licitación de obras públicas, que debe emitir veredicto en los próximos días.

"Más que un tribunal del 'lawfare', este tribunal fue un verdadero pelotón de fusilamiento que se inició ante la increíble diatriba de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que se dedicaron a agraviar e injuriarme", se defendió Fernández, quien es acusada por supuesta corrupción durante sus dos periodos presidenciales de 2007 a 2015.

En 20 minutos de intervención, difundida por todos los medios y también su cuenta de Twitter, Fernández se dirigió desde su despacho del Senado en forma virtual al tribunal que la juzga desde mayo de 2019.

Como ya lo había hecho durante los alegatos de la querella, la vicepresidenta acusó a los fiscales de haber "inventado y tergiversado" los hechos y aseguró que "fue demostrado que eran falsos, que no habían existido siquiera".

"Difamaron, mintieron, denostaron, sobre mí y sobre nuestro gobierno", insistió y estimó que el juicio tiene "un objetivo disciplinador", en especial contra su "espacio político", es decir el peronismo de centro izquierda.

En el juicio, en el que hay otros 11 procesados, Fernández está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, considerado como un cercano a su familia, en la atribución de licitaciones de la obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur).

En este juicio de primera instancia queda pendiente aún una audiencia el próximo martes 6 de diciembre para que cuatro acusados más digan sus palabras finales. A partir de ese momento y en un plazo máximo de 10 días los jueces deben emitir su veredicto.

Los fiscales pidieron una condena de doce años de prisión e inhabilitación política perpetua para Fernández, de 69 años.

Máxima figura política en Argentina, Kirchner está protegida por sus fueros como vicepresidenta y presidenta del Senado hasta que no haya una condena firme en la Corte Suprema.