Guatemala. En un tribunal de Guatemala comenzó ayer un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian que se trata de “un proceso arbitrario” y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien Amnistía Internacional (AI) considera “presa de conciencia”.

“Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila”, declaró Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal, de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por presunto “falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. Se enfrenta a un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

Laparra era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango. Fue arrestada y separada de su cargo como parte de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y podría ser condenada a más de nueve años de prisión.

“Ella ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses debido a su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala”, afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

“Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la ex fiscal presenta serias deficiencias”, señaló Guevara en un comunicado.

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles en los que se leía: “No más persecución contra ex fiscales”.

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la “lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la Feci y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la Cicig en 2019.

Meses antes, Morales había declarado “persona non grata” al jefe de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez llevó a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.