El poder de compra de los ingresos laborales en México ha tenido una recuperación de 11.2 por ciento desde que inició la actual administración; sin embargo, la carestía en los alimentos ha provocado que ese avance prácticamente se desdibuje a la hora de adquirir una canasta básica, al reducirse el poder adquisitivo a uno por ciento, muestran datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Sumado al efecto de la carestía en el poder de compra de los ingresos laborales por habitante, en el sector formal las remuneraciones promedio de los trabajadores y cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han aumentado más allá de la inflación, pese a que el salario mínimo lo ha hecho en 62 por ciento, también en términos reales.
César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la política de incrementos al salario mínimo es positiva, pero su efecto es limitado por el grado de informalidad que hay en el país, donde más de la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra en esa condición y no hay mecanismo que les garantice un aumento en sus remuneraciones.
Como un continuo de los incrementos de doble dígito que ha tenido el salario mínimo en la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que le gustaría que para el próximo año, el indicador tuviera un aumento “que ronde alrededor de 20 por ciento”, y que sea resultado de un acuerdo tripartita: empresarios, obreros y gobierno.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone un salario mínimo de 8 mil 600 pesos al mes, casi 287 pesos por día, a través de un monto independiente de recuperación por casi 100 pesos diarios y un incremento de 10 por ciento, “ligeramente superior a la inflación anual (8.4 por ciento) y muy cercano al incremento en el costo de la canasta básica (9.5 por ciento)”.
César Salazar consideró que es positivo solventar el rezago que arrastra el salario mínimo, pero esta herramienta se queda corta para mejorar la estructura productiva del país y los salarios reales de los trabajadores. Se requiere también elevar la productividad a través de una política industrial y acceso al crédito, en orden de formalizar a la fuerza de trabajo, detalló.
“¿A quiénes realmente se beneficia con el incremento, si consideramos que poco más de 40 por ciento de los trabajadores son formales y que de ese porcentaje no muchos están en el umbral del salario mínimo? Realmente el efecto es poco para los que realmente pueden ser favorecidos, porque el otro 60 por ciento está en la informalidad y ahí no existen mecanismos que obliguen a elevar el salario”, expuso.
