La cuestión de la muerte se ha convertido en tema de expertos para dilucidar si el asesinato de una persona puede considerarse una masacre cuando en el mismo evento mueren cuatro. Para términos estadísticos, pudiera ser relevante, pero para los padres, hermanos o amigos, cada uno de quienes fallecen representa una pérdida irreparable, injusta e insustituible.
De acuerdo con la información proporcionada por la organización The Gun Violence Archive, que pudiera traducirse libremente como “violencia y muerte ocasionada por armas de fuego”, en lo que va del año han ocurrido 609 masacres a lo largo de Estados Unidos, en las que además decenas de personas han resultado con lesiones, algunas de por vida. Entre las más dramáticas, el asesinato de 19 niños y dos maestros en una primaria de Texas. La saga continuó la semana pasada, cuando fueron ultimadas cinco personas y heridas 18 en un centro nocturno de Colorado, frecuentado por integrantes de la comunidad gay, y dos días después, en otra masacre murieron seis personas en un supermercado de Virginia.
Es un hecho que la adquisición de las potentes armas con que los perpetraron se hizo al amparo de la segunda enmienda constitucional que fue ratificada en 1791 autorizando la portación en el marco de la guerra de independencia. En pleno siglo XXI, dicha enmienda carece de todo sentido, por lo que, conscientes de la necesidad de acotarla, el gobierno estadunidense actual y también el que encabezó Barack Obama han exigido que el Congreso emita una ley que cambie sustancialmente la enmienda. Pero, una y otra vez, la negativa de los legisladores ha sido contundente y esquivado la necesidad de regular más estrictamente los requisitos para adquirir y portar armas. Su actitud es producto de los millones de dólares con que los fabricantes literalmente los han comprado, con el apoyo de la poderosa NRA, defensora de la portación. Desafortunadamente, para otros países, particularmente los que se encuentran al sur del río Bravo, la venta y distribución de armas han puesto en jaque a los gobiernos de esas naciones y a sus sociedades. Mientras una sociedad como la estadunidense no quiera coartar de tajo el trasiego de armas en su país, y por extensión su exportación a otras naciones, unos cuantos seguirán acumulando ganancias a costa de la vida de cientos de miles de inocentes dentro y fuera de Estados Unidos. La pregunta es sencilla, ¿cuándo un sector de la sociedad de ese país superará ese estado semibárbaro?
