En el debate sobre la regulación de plaguicidas en el Senado, los grandes agricultores defienden que son esenciales para producir alimentos. Esto, sin embargo, es a costa de la salud de los jornaleros agrícolas, quienes lo aplican en el campo y tienen contacto directo con los químicos. Entre 2000 y 2019, se intoxicaron cada año 3 mil 500 personas en promedio, lo que representa 2.2 veces más de lo estimado antes de 1994.

Se carece de un diagnóstico oficial del impacto a la salud que estas sustancias ocasionan en 2 millones 330 mil jornaleros agrícolas que había en 2020, población que puede ser de 8.5 millones si se incluyen a las familias, señala Isabel Margarita Nemecio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, e integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

La intoxicación por estos productos puede ser vía oral, inhalatoria o por ingestión, que eventualmente se traduce en problemas de fertilidad y en enfermedades cancerígenas. Desde 1994, fecha en que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los casos se incrementaron en casi 6 mil 900 al año, cuatro veces más respecto a lo que sucedía hasta 1993. A partir de 2000 hubo un descenso del promedio anual, con unos 3 mil 500 intoxicados, y en 2014 se registraron 4 mil 428 casos, según el reporte Impacto del uso de plaguicidas en el sector agropecuario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Nemecio indica que la presencia de distintos tipos de cáncer, enfermedades congénitas, malformaciones y problemas hormonales, entre otros, suelen presentarse en esa población, de acuerdo con médicos de la Casa del Jornalero de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, uno de los principales sitios de donde salen miles de personas para ir a trabajar a los campos agrícolas de Michoacán, Sinaloa y Baja California, entre otras entidades.

Explica en entrevista que los químicos llegan al agua que circula por los canales que abastecen a las comunidades cercanas a los campos agrícolas o en predios donde el rocío de los plaguicidas es constante. Pareciera que hay una oposición a que se regulen productos tan nocivos como el glifosato, mientras los jornaleros carecen del equipo de trabajo adecuado que establece la Ley Federal del Trabajo y la normatividad de seguridad e higiene, señala.

Los jornaleros “reciben los envases, hacen la preparación de los líquidos, los vierten en los tanques; hay quienes los cargan en las espaldas, a los que se llama bomberos, para ir rociando el campo. En todo ese proceso van inhalando los químicos. Tienen contacto desde que reciben el envase hasta que lavan y enjuagan el equipo y se quitan sus prendas”.

Se impregnan del químico en el manejo del corte de los alimentos, cuando los empacan y los trasladan. Penetra en las manos cuando laboran en los surcos, “todo se pasa por la piel y lo respiran”. Las secuelas no se ven de inmediato y, además, no se ha puesto atención en esto.

Son visibles en los jornaleros las llagas en las plantas de los pies (sarpullido). “Sí se debe a mosquitos, a la fauna que hay en el lugar, pero mucho de esto es por la toxicidad en el ambiente. Es muy común la conjuntivitis, se dice que es porque se tallan los ojos con tierra, pero ésta ya recibió la mezcla de químicos”, y agrega que cuando los trabajadores llegan a los hospitales no se consigna que tuvieron contacto con los químicos.

El uso intensivo de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) se ha extendido en cultivos a gran escala, en un modelo de producción agrícola que depende de insumos externos y para lo cual están las trasnacionales que diseñan los paquetes tecnológicos, sostiene a su vez Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México.

Advierte que también se perjudica al consumidor de alimentos porque este tipo de agricultura, que va erosionando el suelo, se expone a mezclas de productos, aunque sean partes pequeñas, “cuyos efectos vamos a ver a largo plazo o con las enfermedades que se han vuelto parte de la normalidad en diversos lugares”.

La Cámara de Senadores, explica Bejarano, tiene pendiente dictaminar reformas a la Ley General de Salud para establecer un programa nacional de prohibición gradual de PAP y regular los bioinsumos, un objetivo estratégico para sentar las bases de una política de Estado que ayudaría a transformar el sistema alimentario mexicano, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y proteger la salud de las personas.