La Constitución señala que los servidores públicos no pueden ser sancionados cuando cometen delitos electorales; lo máximo que establece la normativa es que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé “vista” al superior jerárquico del infractor, donde el expediente se vuelve letra muerta, lamentan magistrados.

En el Catálogo de Sujetos Sancionados de la sala especializada hay actualmente mil 153 inscritos; en la semana que concluye se agregaron siete funcionarios de distintos partidos políticos y en todos los casos aparece le leyenda: sanción, “no aplica”.

Cientos de servidores públicos, del Legislativo o gobiernos de los tres niveles, están incluidos en este catálogo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum lleva este año una decena de inscripciones.

Integrantes del TEPJF han advertido que los “superiores jerárquicos” de los servidores públicos archivan las resoluciones de la sala especializada al responder que no son competentes para aplicar una sanción.

En ese contexto, la sala superior del TEPJF emitió en junio pasado una sentencia en la que cita la posibilidad de que el reincidente en violaciones en materia electoral puede perder el “modo honesto de vivir” y, por tanto, la oportunidad de ser candidato a un puesto de representación popular.