En la confrontación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal, derivada de la propuesta del Presidente de la República, que ha polarizado a una parte importante de la población mexicana, los pueblos indígenas, como pueblos, no apoyan a ninguna de las partes. No es por indiferencia o desidia, tampoco porque sean ajenos a los problemas del país. No apoyan a ninguno de los contendientes porque ninguno de ellos se ha preocupado por proteger o impulsar los derechos de los pueblos indígenas; al contrario, voluntaria o involuntariamente, con sus acciones han violentado sus derechos políticos reconocidos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas estas normas obligatorias para ellos. Todavía más, cualquiera que sea el resultado de la contienda, que haya reforma constitucional o no, no tendrá ningún impacto positivo en el ejercicio de estos derechos.

El pasado 28 de abril, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, presentó ante la Cámara de Diputados, a nombre del Presidente, una iniciativa para modificar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los derechos políticos de los mexicanos y la forma de su ejercicio. De acuerdo con dicha propuesta, se propone alcanzar 10 objetivos, entre los cuales ninguno se refiere a la participación de los pueblos indígenas en las elecciones, a pesar de que es un tema pendiente y que el Tribunal Federal Electoral ha ordenado a varios estados de la República que legislen al respecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias con lineamientos para hacerlo. A esto se puede agregar que, desde hace tres años, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas convocaron a elaborar una iniciativa sobre derechos indígenas, que considera los electorales, de la que ya casi nadie se acuerda.

De lo dicho hasta aquí, se desprende una lamentable conclusión: al gobierno federal no le interesa generar condiciones concretas para que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos a partir de sus propias instituciones y su propio derecho. Detrás de esta negativa existe la idea de que, si esto sucede, los partidos políticos dejarían de tener el monopolio de la participación política y el control que ejercen sobre los pueblos indígenas se resquebrajaría. Esa es una convicción tanto de los tres órdenes de gobierno como de los partidos políticos y el INE. Por eso la iniciativa presidencial de reforma constitucional para modificar la integración del INE, de la Cámara de Diputados y los ayuntamientos municipales ignora las formas de participación de los pueblos indígenas, pero también quienes se oponen a dicha reforma callan ante la omisión. Mal si callan por ignorancia, peor si lo saben y no quieren ocuparse del tema.

El INE sí se ha ocupado del tema, pero lo ha hecho tan mal que sólo ha logrado afianzar el control sobre los pueblos indígenas o, lo que es peor, permitir que personas ajenas a ellos escamoten los derechos. Hace años elaboró unos lineamientos y estableció distritos electorales donde los partidos políticos deberían establecer una cuota de candidatos indígenas. Esta medida, que parece noble y acertada, sustrajo el derecho de los pueblos y se lo entregó a los partidos políticos, que a la postre dio como resultado un mercadeo de candidaturas indígenas, en el que los partidos permitieron que políticos sin escrúpulos, que nada tienen que ver con los pueblos y las comunidades indígenas, acudieran a ellos para solicitar cartas en las que se aseguraba que formaban parte de éstas, cuando ni su nombre conocían. Recientemente se impulsó una consulta de “opinión”, algo inexistente en la ley, para determinar la demarcación territorial de los distritos electorales.

En este panorama, ¿por qué deberían los pueblos y comunidades indígenas apoyar al INE o al gobierno en su disputa por la reforma electoral? No hay una razón concreta, pero sí muchas en el sentido de que, cualquiera que sea el resultado, su situación no cambiará. La experiencia demuestra que con organización y la lucha política y jurídica en otros escenarios se pueden ganar importantes batallas. Las elecciones por usos y costumbres en 417 municipios de Oaxaca; el reconocimiento legal de tres municipios indígenas en el de Morelos, o el reconocimiento como municipios indígenas de San Francisco Cherán en Michoacán, el de Ayutla de los Libres en Guerrero, el de Oxchuc en Chiapas, enseñan que no es con reformas electorales promovidas desde el poder que se puede avanzar, sino con la lucha organizada de los propios pueblos. Así, en la contienda entre el INE y el gobierno federal por la reforma electoral, ellos sólo están pendientes para saber quiénes serán sus próximos contrincantes.