Lima. El Congreso de Perú aprobó ayer presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial y solicitar una medida cautelar contra el gobierno nombrado por el presidente Pedro Castillo para que determine a quién le corresponde interpretar la moción de confianza, al tiempo que el mandatario señaló que “las mezquindades e intereses no lo harán retroceder”.

El proceso competencial pretende establecer los lineamientos eficaces y el ente idóneo para resolver conflictos respecto de las competencias que otorga la Constitución a los diversos órganos de relevancia constitucional y a los demás órganos del Estado.

Con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara aprobó la moción con el fin de proteger la “institucionalidad” del órgano legislativo después de que Castillo interpretó como un “rehusamiento expreso de la confianza” la negativa de la mesa directiva del Parlamento a la cuestión de confianza presentada por el ahora ex primer ministro Aníbal Torres.

Durante el debate, congresistas como María del Carmen Alva, de Acción Popular, y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, insistieron en que la intención del Ejecutivo es cerrar al Poder Legislativo y convocar a una Asamblea Constituyente, señaló el periódico La República.

Esta afirmación fue rechazada por parlamentarios afines al oficialismo, como José Balcázar, de Perú Bicentenario, y Pasión de Dávila (Bloque Magisterial), quienes señalaron que la cuestión de confianza está regulada por la Constitución Política de 1993.

La negativa del Congreso a apoyar el jueves pasado la propuesta de Torres de reformar la ley de convocatorias de referéndum, con la que el Ejecutivo pretendía derogar la ley 31399, una norma que desde principios de 2022 pone trabas a la convocatoria de una votación popular, generó la renovación de todo el gabinete, el quinto en 16 meses de gobierno.

Castillo afirmó que los intereses y mezquindades políticas no lo harán retroceder en su trabajo en el que pretende realizar obras que necesitan los ciudadanos, informó el diario El Peruano.

“Compatriotas, la voluntad popular es poder cristalizar los sueños de los hermanos campesinos; a mí no me harán retroceder por antojos políticos, por mezquindades e intereses de ciertos políticos y grupos que quieren dar la espalda al pueblo peruano”, señaló el mandatario en una reunión en Pampachiri.

El mandatario trasladó un saludo del nuevo gabinete, que juramentó antier en una breve ceremonia en palacio de gobierno, e indicó que sus integrantes asumieron “un compromiso serio” con el pueblo.

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, emitió una invitación para que el presidente y el titular del Congreso, José Williams, se reúnan hoy en un Consejo de Estado para adoptar decisiones que “garanticen la gobernabilidad democrática” del país, señaló un comunicado. Alvarado espera conversaciones “basadas en el diálogo interinstitucional”.

El meollo de la crisis peruana radica en la facultad que tiene el Ejecutivo para disolver el Congreso si éste niega dos veces el voto de confianza a un jefe de gabinete, mientras que el Legislativo tiene el poder de destituir a un presidente alegando “incapacidad moral”.

“El gobernante lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al Poder Ejecutivo”, manifestó a la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un vocero del gobierno que fue ratificado en su cargo.

Esta aclaración abre la puerta a una interpretación para disolver legalmente el Congreso, pese a que esta institución ha dicho que no negó la confianza a Torres, sino que su pedido era rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno.

Williams respondió antier a Castillo. “El presidente de la república no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señalan la Constitución y el reglamento del Congreso, hacerlo conllevaría una disolución inconstitucional del Congreso” advirtió Williams.

Si el nuevo gabinete, formado con la ex ministra de Cultura Betssy Chávez a la cabeza, no recibe la confianza del Congreso, el gobierno considera que está habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.