Como cuando –en calidad de fiel soldado priísta– impuso con Calderón, Gordillo y Beltrones la cuestionada Ley Issste-2007, Miguel Ángel Navarro, quien ahora gobierna –desde Morena– Nayarit “instruyendo” a los poderes Legislativo y Judicial, pretende imponer a rajatabla una regresiva reforma pensionaria con el pobre “argumento” de que le “dejaron” sin recursos el Fondo nayarita de Pensiones.
¿Quién se lo dejó así? Las administraciones panistas y priístas que lo antecedieron. ¿Quién pagará el quebranto? Los trabajadores amparados en el Fondo, para los cuales el gobernador, que “instruye” a todos por igual, no tiene interés ni tiempo de escuchar, como cuando impuso desde el PRI la Ley Issste.
No sorprende que frente a semejante actitud autocrática y su precipitación reformista, los principales afectados le exijen que antes de imponer cualesquier iniciativa muestre sencilla humildad republicana y levante primero una indispensable auditoría integral externa al sistema creado en 1997 para no perjudicar a quienes han cumplido, sin falta, con la Ley de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. También le demandan que informe y documente con transparencia sobre los títulos de inversión administrados por Casa Monex relacionados con el Fondo estatal de Pensiones: 197 millones de pesos del Fondo depositados en 2005 en Monex con investigación jurídica en curso.
Gabriel Camarena, cosmopolita coordinador jurídico del gobernador que “instruye” a todos, dio con el hallazgo de que la reforma pensionaria de su gobernador aportará a México la “novedad” de adaptar el plan de retiro de Quebec a las bellas tierras nayaritas. ¿Cómo? El cosmopolita asesor Camarena aún no ha sido capaz de explicarlo.
Pero el gobernador que “instruye” a todos ya comunicó al Congreso del estado (donde su partido Morena detenta la mayoría) que los legisladores conocerán oportunamente esa “novedad”, ignorando olímpicamente a los principales afectados.
Según Julio López Ruelas, secretario nayarita de Finanzas, el pago mensual por concepto de pensiones suma 97 millones de pesos, del que el Estado aporta 60, es decir, casi 700 millones de pesos anuales ( El Occidental, 14/11/22). Pero de ese quebranto no son responsables los trabajadores amparados en el Fondo y que han cumplido la ley al pie de la letra.
López Ruelas agrega que esos 700 millones de pesos “podrían irse a obra pública”. Está claramente confundido. Eso es harina de otro costal. Los gobiernos cambian, pero las pensiones se pagan. Además, asegura, por el colapso del Fondo en 2015, existen casi mil solicitudes de pensión pendientes de aprobar/dictaminar –con un costo extra de 22 millones de pesos– así como 267 pólizas de defunción por 197 millones de pesos. Por tanto, López Ruelas, por sus pistolas, decreta que “ante” este escenario es imposible continuar “de la misma manera”: se requiere “una nueva ley”.
Claramente está de nuevo confundido. Los trabajadores han cumplido. Antes de reformar, su gobierno debe aclarar el quebranto, deslindar responsabilidades y no precipitarse con una “nueva” ley que “sólo” se aplicará a los futuros pensionados.
En el marco de la 4T, el gobernador que “instruye” a todos, su cosmopolita asesor y su confundido secretario de Finanzas, se comportan como otras autoridades estatales que extienden las reformas pensionarias neoliberales sin contrapeso alguno en plena 4T.
Es el caso de Zoé Robledo, director general del IMSS, para quien este instituto y los organismos de seguridad social “deben evaluar” el gasto “creciente” de pensiones, “mitigar” los problemas estructurales, atender la “fragmentación”, sanear “finanzas” y “generar” más recursos para jubilados. Como si fuera poco, agrega que se requiere un sistema “fuerte en el que todos aporten”. Según Zoé Robledo, con el presidente AMLO se dieron los primeros pasos para recuperar la “esencia” del sistema pensionario, vía el Decreto (16/12/20) que ajustó las del Apartado A del artículo 123 constitucional. Así planteado, este desordenado minicoctel es absolutamente impreciso y evita reconocer que el tibio ajuste del Decreto-AMLO preserva el modelo Afore, destinando más recursos fiscales que pudieron emplearse de manera diferente para corregir de raíz ese desafío.
Dígase lo mismo de las formulaciones superficiales que sólo llaman, en abstracto, a “fortalecer” el sistema de pensiones, mientras simultáneamente imponen ajustes paramétricos –siguiendo las “recomendaciones” actuariales de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social– en Veracruz y Yucatán, bien acompañados por Héctor Santana, responsable de la Unidad de Pensiones y Seguridad Social de la SHCP/4T.
“Tenemos que valorar y no dejar en el desamparo a los trabajadores”, declaró recientemente AMLO. ¿Escuchará, ahora, el gobernador de Nayarit –quien presume “gobernar” para la próxima generación– o persistirá en la sordera que lo caracterizó cuando impuso desde el PRI la Ley Issste y cuyos resultados están a la vista?
* UAM-X
