El juzgado segundo de distrito en materia de amparo apercibió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que entregue a la autoridad judicial sus actuaciones desde agosto pasado respecto de los actos de tortura que se habrían cometido en 1994 contra Mario Aburto Martínez, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues se solicitó la protección de la justicia federal al considerar que la institución ha incurrido en omisiones.

Como parte de los juicios de amparo promovidos por Aburto Martínez -–sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio del abanderado priísta luego de un mitin en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana en Baja California–, su defensa solicitó la protección de la justicia federal para que se cumpla la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se considera la posibilidad de que haya sido sometido a actos de tortura para declararse culpable del magnicidio.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, a través del Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta, la FGR rechazó que esté incumpliendo dicha medida, pues aseguró que lleva a cabo diversas diligencias, como haber solicitado a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, “copia de las constancias de las quejas y/o denuncias interpuestas por el quejoso o de alguno de sus familiares ante ese órgano.

“Asimismo, la FGR remitió copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa 2080/1994 –constante en 15 tomos–, advirtiéndose que la última actuación corresponde al acuerdo de cuatro de agosto de 2022, por el que requirió al coordinador general de Servicios Periciales de dicha institución la designación de un perito en informática, a efecto de que realizara la extracción de la información remitida en un USB por la CNDH”, aunque no se han dado a conocer los resultados.

A través de un juicio de amparo, a la fiscalía se le reclama “la omisión de investigar actos de tortura”, por lo que en tres días, luego de ser notificado el Ministerio Público Federal debe remitir “copia certificada de las últimas actuaciones que obren en la averiguación previa”; de lo contrario se le impondrá una multa por 150 unidades de medida.