Después de que el jueves pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva oficiosa (PPO) para delitos fiscales como contrabando y uso de facturas falsas, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que no es suficiente acotar esta figura, “es su eliminación lo que debe materializarse”.

Resaltó que se perdió la oportunidad para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y reiteró las recomendaciones que indican la necesidad de derogar la PPO del texto constitucional.

Asimismo, alentó a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos del Estado mexicano.

En un posicionamiento, la ONU-DH aseveró que, conforme a su mandato, seguirá trabajando para que las autoridades competentes eliminen “toda forma arbitraria de privación de la libertad”.

Reiteró su compromiso de continuar alentando y asistiendo técnicamente al Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Por otra parte, saludó el destacado esfuerzo de los ministros, “quienes han procurado acotar la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales”.

Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU-DH, indicó que “se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, sobre todo las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década”.