Resulta verdaderamente lamentable la decisión tomada por el denominado máximo tribunal del país: “los acusados por delitos fiscales, como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que estos tipos penales no atentan contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual no se justifica aplicarles dicha medida preventiva” ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Antes de conocerse el fallo de la SCJN, el presidente López Obrador cuestionó: “¿Cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?” Pero lo hicieron.

La autoridad fiscal ha documentado los cientos de miles de millones evadidos por los delincuentes de cuello blanco, por medio del circuito descrito, lo que sin duda atenta contra la seguridad nacional, pero los ministros de la SCJN consideraron que “contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales” son peccata minuta, con todo y que se trata de un enorme daño a la nación, pero, asegura, no se trata de crimen organizado.

Pues bien, de entrada, la misma autoridad fiscal dio cuenta de un listado que involucra a cerca de 10 mil empresas y personas dedicadas a dicha práctica, aunque subrayó que el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso. Durante el régimen neoliberal creció como la espuma el jugoso negocio de evadir al fisco, utilizar facturas falsas, repartir coimas entre los integrantes del SAT y mucho más para defraudar al Estado, pero una vez que todo ello se frenó, en beneficio de las arcas nacionales, llegan los ministros y lo echan para atrás. Inconcebible.

Al inicio de la presente administración, el Servicio de Administración Tributaria detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras para simular operaciones, evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos, mientras la Procuraduría Fiscal de la Federación documentó que “ir contra las factureras es acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país, porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas para no pagar impuestos; eran protegidos desde el gobierno; el SAT se convirtió en una cueva de ladrones”.

Sobre la decisión de la SCJN el presidente López Obrador comentó que “es muy lamentable, una vergüenza. Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, Suprema Corte del derecho, si acaso, no de la justicia, no es posible eso”.

Fue más allá: “es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos sólo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. ¿Y el pueblo? ¿Qué significa eso que hicieron? Que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública. Y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la hacienda pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría. ¿Eso es justicia? ¿Cómo se van a atrever a eso? Ahora resulta que quien hace operaciones ilícitas en lo fiscal tiene protección”.

Ante tal panorama, el mandatario subrayó la necesidad de denunciar públicamente ese tipo de comportamientos “y seguir señalando que no hay todavía una verdadera impartición de justicia. ¡Cuánto daño hicieron con las facturas falsas! Eso lo crearon hace 12 años (léase en el sexenio de Borolas). Me acuerdo de un asunto, creo que en la campaña de Peña Nieto; se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a verificar al supuesto donante; estoy hablando de millones de pesos. Fue en Chihuahua y era una vecindad, una casita humilde y no existía la persona”.

Y como ese caso, miles y miles más, siempre con el objetivo de enriquecerse a costillas de la nación, sin olvidar otras prácticas depredadoras. Pero en la SCJN consideran que eso es lo de menos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, gracias a los ministros de la SCJN, los fortalecidos delincuentes de cuello blanco descorchan champaña.