Las reformas legales que permitieron aplicar la prisión preventiva oficiosa a inculpados por delitos de defraudación fiscal, entre ellos la emisión de facturas falsas y operaciones de empresas “fantasmas”, que ayer echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron aprobadas en ambas cámaras del Congreso a finales de 2019 por la mayoría de Morena y sus aliados, y la advertencia de la oposición de que eran inconstitucionales.
Se trató de una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aprobó en el Senado el 19 de septiembre de 2019, con 84 votos a favor y 34 en contra, de PRI y PAN. Los dos partidos opositores insistieron ante el pleno en que era un exceso catalogar la defraudación fiscal como un delito de seguridad nacional y aplicarle prisión preventiva oficiosa.
El debate se prolongó más de seis horas y los senadores de Morena argumentaron que se trataba de una reforma de “gran envergadura” para poner fin al entramado de corrupción que fusionó el poder económico con el político y permitió la existencia de 9 mil empresas fantasmas y factureras, que defraudaron al fisco.
La minuta con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Federal de Procedimientos Penales y Código Fiscal de la Federación, entre otras, pasó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 15 de octubre de ese año (2019) también con el voto de Morena y sus aliados, y la advertencia opositora de que el ordenamiento era inconstitucional.
En aquella sesión, Morena y PT explicaron que el negocio de las facturas falsas podía ascender a más de 300 mil millones de pesos anuales. “Y el cálculo que han compartido las autoridades es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que, de 2014 a 2019, no han llegado a las arcas públicas”, expuso el morenista Marco Medina.
El entonces diputado por el PT Óscar González Yáñez reconoció que aplicar la prisión preventiva de oficio para esos delitos era desproporcionado, pero también el saqueo al país.
Iban a “cazar contribuyentes”: PRI
Quien era presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), afirmó que la reforma sólo pretendía “cazar contribuyentes” y cuestionó que se pretendía aplicar el mismo rigor para quienes expedían las facturas falsas que a quienes las compraban.
“Ambos merecen castigo. Para los verdaderos delincuentes organizados dedicados a expedir comprobantes de operaciones simuladas, que se les aplique la Ley Contra la Delincuencia Organizada. A los demás compradores y usuarios de las facturas falsas, con una rigurosa aplicación del Código Penal basta”, sostuvo.
La reforma se publicó en el Diario Oficial el 8 de noviembre de 2019. La oposición presentó posteriormente una controversia constitucional, que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su favor.
