La reforma en materia de delincuencia organizada que incorporó la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales tuvo su mayor alcance en la “percepción de riesgo”, pues se redujo aproximadamente 30 por ciento el número de factureras detectadas, y de 64 sentencias condenatorias, que en el año reciente se han logrado en procesos penales federales, se han obtenido 2 mil 685 millones de pesos, además de 5 mil 670 millones de pesos vía acuerdos reparatorios, con los que los acusados pueden evitar la cárcel.

Los datos fueron reportados por Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), en su más reciente comparecencia frente a integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En la reunión, el funcionario del gobierno federal recalcó que las disposiciones derivadas de la reforma de 2019 “tiene que ver con la percepción de riesgo” que genera.

Medina Padilla agregó que en investigaciones delictivas fiscales y financieras, así como de querellas en los procesos penales, de septiembre de 2021 a esa fecha (18 de octubre), la PFF presentó 298 querellas por los delitos de defraudación fiscal y equiparables por un monto histórico de poco más de 22 mil 200 millones de pesos, lo cuál representó un incremento de 177 por ciento respecto al año anterior.

Respecto al número de carpetas de investigación judicializadas ante el poder judicial de la federación, se dictaron 55 autos de vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.