La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales puede tener aplicación inmediata para casos en los que imputados tengan sólo esta acusación, pero quienes enfrenten otros procesos penales continuarán encarcelados.
Fuentes judiciales mencionaron la posibilidad de que algunos de los beneficiarios de esta medida podrían ser la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga; el abogado Juan Collado Mocelo; Raúl Beyruti, El rey del outsourcing, prófugo de la justicia; los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de la empresa Telra Realty, todos acusados delitos fiscales por montos millonarios.
En el caso de los hermanos Zaga Tawil se abrió una carpeta de investigación por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal por un monto superior a mil millones de pesos. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la querella por considerar que esa empresa está relacionada con el fraude cometido contra el Infonavit por más de 5 mil millones de pesos en la administración anterior.
Fraude por más de 5 mil mdp al Infonavit
Incluso, en marzo de ese año, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó de la existencia de un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el instituto pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.
Expuso que también se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, una más a Suiza y desde Estados Unidos se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a escala local de 2.09 millones y 7.8 millones de pesos.
Inés Gómez Mont y su cónyuge se convirtieron prófugos de la justicia mexicana luego de estar acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social. Además, en una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ambos son señalados de realizar operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras. Ya son rastreados por la Interpol en los más 190 países integrantes de la organización internacional.
El caso de Raúl Beyruti
En febrero de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, El rey del outsourcing, a quien inculpó de cometer delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Beyruti es presidente de GIN Group, considerada la mayor empresa de subcontratación en el país, y accionista en otras 90 compañías que son investigadas por participar en operaciones de facturación falsas. Las acusaciones se sustentaron en los señalamientos que realizó la UIF, tras detectar esquemas mediante los cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar 30 mil millones de pesos.
El 9 de julio de 2019, Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un día después, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte determinó vincularlo a proceso. Con esa decisión comenzó el primer proceso penal en su contra.
El 30 de agosto de 2020, la FGR acusó a Collado de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, relacionados con la evasión del pago del impuesto sobre la renta en 2015.
El 30 de junio pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, resolvió no vincular a proceso al abogado Juan Collado por el delito de fraude específico en los trámites relacionados con la liberación de 76.5 millones de euros depositados Andorra.
