Después de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva oficiosa (PPO) para los delitos fiscales como contrabando y uso de facturas falsas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que no es suficiente con acotar esta figura, “es su eliminación lo que debe materializarse”.

Destacó que se perdió la oportunidad para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y reiteró las recomendaciones que indican la necesidad de derogar la PPO del texto constitucional.

Asimismo, alentó a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos del Estado mexicano.

En un posicionamiento, la ONU-DH aseveró que, conforme a su mandato, seguirá trabajando para que las autoridades competentes eliminen “toda forma arbitraria de privación de la libertad”. Reiteró su compromiso de continuar alentando y asistiendo técnicamente al Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Por otra parte, saludó el destacado esfuerzo de los ministros, “quienes han procurado acotar la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales”.

“Para la ONU-DH es importante subrayar el hecho de que 9 de los 11 ministros/as hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la PPO y que la mayoría señaló su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia”.

Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH, indicó que “se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década". Y expresó su solidaridad con todos los que “de manera arbitraria se han encontrado en reclusión en México bajo esta figura”.

Recordó que diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó.