La consulta indígena de septiembre pasado para dar luz verde a la construcción de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en Ahome, se hizo en medio de irregularidades como el hecho de que se incluyó a 11 comunidades que están fuera del área de afectación y donde se detectó entrega de despensas y compra de votos.

Esto denunciaron integrantes de la etnia yoreme, de Sinaloa, quienes realizaron ayer un mitin a las afueras de Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo para exponer de primera mano el caso. Fueron recibidos por la oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, y se reunieron con María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira –poblado que se encuentra en Ahome– y vocero del consejo consultivo de la nación yoreme-mayo, manifestó que solicitaron a la funcionaria su intervención y le plantearon la “cancelación rotunda” del proyecto, al pretender edificarse en un sitio Ramsar, además de la violación a sus derechos, a tratados internacionales y a sus usos y costumbres.

Además, comentó, expusieron a la funcionaria las consecuencias ambientales y el riesgo para la producción pesquera de la que dependen 4 mil familias, ya que el proyecto tendría la capacidad de producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco.

Señalaron que la consulta se llevó a cabo en 15 comunidades, de las cuales 11 están fuera del radio de 45 kilómetros de afectación y, además, las consultas se efectuaron sin protocolos de actuación y en un solo día, a mano alzada, votaron a favor de la planta de amoniaco.

Precisó que sólo las localidades de Juan José Ríos, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones se ubican dentro de esa zona y rechazaron que siga el proyecto de GPO, rechazó que la consulta a los pueblos originarios haya sido de manera previa, libre e informada.

En entrevista, señaló que en el encuentro, que duró alrededor de dos horas, estuvieron presentes Daniel Quezada, titular de Conabio; Benito Mirón, de Gobernación, e Iván Ramos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, funcionarios que fungieron como órganos responsable, garante y técnico, respectivamente, durante la consulta indígena que orde-nó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada entre junio y septiembre pasado.

A decir del líder yoreme, Albores se mostró “sorprendida, ella preguntaba qué estaba pasando, por qué tanta corrupción en este proceso, pues le explicamos las diversas violaciones y cómo se hicieron los trabajos e hicimos señalamientos directos a los funcionarios presentes, quienes se miraban unos a otros”.

La funcionaria nos solicitó pruebas de las irregularidades, “y nosotros nos comprometimos a entregarle evidencia de todo”.