Santiago. La elección en Chile del próximo fiscal nacional se está convirtiendo en la más reciente tormenta política de las varias que castigan al gobierno del presidente Gabriel Boric, también en otra demostración de las debilidades de su administración, luego de que el mandatario pidiera al Senado que ratifique el nombre del abogado José Morales Opazo, el candidato predilecto de la derecha y poseedor de una trayectoria cuando menos polémica al interior del Poder Judicial.

Morales es actualmente jefe adjunto de la Fiscalía Santiago Norte, y su candidatura a dirigir el Ministerio Público proviene de un proceso en el que la Corte Suprema seleccionó entre 17 aspirantes y que envió a Boric para que escogiera entre ellos a quien propondría al Senado.

Para que sea ratificado, se requiere la aprobación de 33 de los 50 senadores (2/3), cifra que necesita de sumar adhesiones entre la minoría oficialista y la oposición derechista mayoritaria, pero hay sectores pro-gobiernistas que están “partiendo aguas” al cuestionar la propuesta presidencial.

Eso se debe a que Morales –conocido por el apodo de El Sepulturero en el ámbito judicial– es responsabilizado de “enterrar” las investigaciones penales, en las que estaban imputados personajes poderosos de la política y del empresariado, al promover y facilitar condenas menores para quienes traicionaron severamente la confianza de la ciudadanía. Por ejemplo, accedió al pago de una compensación a los consumidores, cuando estuvo a cargo de indagar la colusión entre tres cadenas de farmacias que acordaban precios de medicamentos de alto consumo y envió a los ejecutivos responsables a recibir lecciones de ética; o aquel proceso en el que evitó profundizar una pesquisa en contra de la aerolínea Latam –cuando el ex presidente Sebastián Piñera era de los accionistas controladores– en un caso de soborno a un funcionario en Argentina y por el cual la compañía pagó una multa de 20 millones de dólares en Estados Unidos.

Morales fue también negligente en una indagación que, finalmente a cargo de otro fiscal, destapó un tremendo caso de corrupción de Carabineros, en el que hay decenas de oficiales involucrados y se causó un presunto fraude por 30 millones de dólares.

Mauricio Daza, abogado penalista que litigó en el caso Cascadas –relativa a la compraventa ilegal de acciones de una minera y que estuvo a cargo de Morales hasta que fue remplazado porque la investigación estaba paralizada–, dijo a RadioAnálisis que la candidatura de Morales a liderar el Ministerio Público se explica por “la gran debilidad política del gobierno y que se traduce en que no cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso para impulsar ninguna de las iniciativas que está proponiendo y que involucran cambios estructurales; y exponerse a una derrota en el Senado puede ser complejo.

“Hay un cálculo político, pero el problema es que para evitarse un fracaso, está hipotecando el futuro de toda persecución penal durante los próximos ocho años. Es muy lamentable como se está dando esto; representa al mundo político en el sentido de que la máxima prioridad para designar a un fiscal nacional radica en que no sea molesto en aquellas causas que involucren al poder político.

“El interés público queda nuevamente relegado, y tenemos un candidato que sólo va a extender, y tal vez profundizar, la crisis del Ministerio Público”, expuso Daza.

Fidel Espinoza, un senador del Partido Socialista –aliado del gobierno– que se ha caracterizado por atacar incluso con saña a personeros oficialistas, acusó anteayer que las ministras del Interior, Carolina Tohá –jefa política del gabinete–, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, realizaban un “cabildeo feroz” y “seduciendo para votar por uno” en el Senado.

Eso desató un escándalo que, además de los reproches de las funcionarias aludidas, le valió el de la propia lideresa de su partido, Paulina Vodánovic, quien, además de disculparse formalmente con aquellas, señaló que “ha llegado el momento que el Tribunal Supremo conozca de las conductas constantes por parte del senador Espinoza de ataques personales contra distintos representantes de la política”.

Este, lejos de retirarlos, ratificó sus dichos.

Otros frentes complejos

Pero eso no es todo, sino que el gobierno también hace agua por otros costados: enfrenta, por ejemplo, una ofensiva derechista en la Cámara de Diputados, donde la mayoría opositora está empeñada en tomar el control de todas las comisiones (12) para así “determinar” la agenda legislativa; también está una vez más sometido a la presión de los gremios de propietarios de camiones, uno de los cuales lanzó un paro indefinido en el norte del país que se ha ido extendiendo a lo largo de miles de kilómetros de carreteras, con bloqueos parciales, y que está afectando la libre circulación y el abastecimiento de importantes ciudades.

“La derecha está a la ofensiva para profundizar la crisis. Paralizando al Congreso, las rutas, las transformaciones pendientes desde octubre de 2019. El gobierno no puede seguir cediendo. Es momento de pasar a la ofensiva, y eso se hace convocando a la sociedad”, publicó en sus redes el alcalde izquierdista de Valparaíso, Jorge Sharp, un aliado circunstancial de Boric.

A todo esto se agrega el estancamiento que muestra la posibilidad de revivir el proceso constituyente, porque a punto de que se cumplan tres meses desde que la propuesta de la Convención Constitucional fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, no hay señales de que los partidos estén ni siquiera cercanos de llegar a un acuerdo para relanzarlo.

Al contrario, la derecha está empeñada en que cualquier nuevo proceso esté en manos de expertos designados y de parlamentarios en ejercicio, con muy poca o nula participación ciudadana en la elección de un poder constituyente soberano.