Chilpancingo, Gro. Trabajadores de la Agencia del Ministerio Público sector Costa Azul, en el puerto de Acapulco, dependiente de la Fiscalía General de Guerrero (FGE), despedidos la semana pasada, y a quienes se les pretende vincular con la “desaparición” de 10 millones de pesos suscitado el 6 de octubre pasado, propiedad de Abram Isaac "N", desmintieron que hayan estado presentes ese día, debido a que por oficio fueron cambiados de adscripción en distintas fechas.

Cabe mencionar que el pasado 14 de junio, Abram Isaac “N” fue detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Acapulco cuando pretendió abordar un avión con rumbo a la ciudad de Toluca, estado de México, llevando en una maleta 10 millones de pesos que en su momento no pudo acreditar su procedencia, por lo que tanto él, como el recurso fueron trasladados al MP del sector Costa Azul en Acapulco, de donde desapareció el dinero el 06 de octubre pasado.

El detenido y el dinero, quedaron a disposición de la FGE, región Costa Azul, en el puerto de Acapulco, para deslindar responsabilidades; después de la Agencia del MP, “desaparecieron” los 10 millones de pesos, que finalmente el pasado mes de octubre, Abram Isaac “N”, preso en el cereso de Acapulco, fue liberado al demostrar la procedencia legal del dinero, por lo que pidió su devolución, aunque antes interpuso una demanda por robo, y el Juez de Control ordenó la devolución.

Ayer los seis trabajadores despedidos difundieron por las redes sociales un escrito, en donde señalaron que por órdenes de la Fiscal General de Guerrero(FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fueron dados de baja 5 agentes del MP de Costa Azul, y una comandante de la Policía Investigadora Ministerial.

Los cesados afirman que “de lo anterior se hizo un hecho público ante la sociedad haciendo una campaña de desinformación, con la intención de inducir a la audiencia al error mediante el engaño, para manipular su vínculo laboral que tenían con la FGE, para desprestigiar la integridad de su persona y enaltecer indebidamente a la institución”.

Aclararon que “José Lenin García Valencia, y Grecia Itzayana Giles Castro, Agentes del MP; Fischer Alberto Aparicio Gómez, y Leticia Serrano Vélez, Facilitadores de Justicia Alternativa; Zitlali Ortega Calvo, Auxiliar Técnico Administrativa; y Delfina Agustina Trani Bernal, Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, no se encontraban adscritos en la agencia del MP del sector Costa Azul, del distrito judicial de Tabares, en Acapulco”.

Dieron a conocer los oficios en donde se precisa que “José Lenin García, desde el día 10 de noviembre del año 2020, se encontraba adscrito a la agencia del MP de Chilpancingo, mediante oficio de adscripción número FGE/0534/2020 y su última adscripción en la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos Graves, mediante oficio número FGE/VCEAPI/DGRHy DP/2254/2022, de fecha 16 de junio del año 2022”.

En tanto que Fischer Alberto Aparicio, se encontraba adscrito al Centro de Justicia Alternativa del Ministerio Publico del Sector Central, del Distrito Judicial de Tabares, mediante oficio de adscripción número FGE/VCEAP/DGRHyDP/0933/2020, de fecha 30 de julio del año 2020; y Grecia Itzayana Giles Castro, se encontraba adscrita en la Agencia del MP Especializada en el Delito de Despojo, del Distrito Judicial de Tabares, mediante oficio adscripción número FGE/VCEAP/DGRHyDP/2705/2022, de fecha 05 de agosto del año 2022”.

Por su parte, Delfina Agustina Trani, se encontraba adscrita a la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, mediante oficio de adscripción número FGE/FRCG/208/2022 de fecha 10 de agosto del año 2022; y Leticia Serrano, Vélez, estaba adscrita al Centro de Justicia Alternativa del Distrito Judicial de Tabares, región Acapulco; y Zitlali Ortega, se encontraba adscrita a las Oficinas Centrales dela Coordinación General de la Fiscalía General del Estado, en Chilpancingo”.

Los despedidos aseguraron que se encuentran acreditados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública “de lo anterior se colige que ningún de los servidores públicos se encontraba adscrito a la Agencia del MP del sector Costa Azul de Acapulco, quedando de manifiesto que no tienen ningún vínculo incriminatorio en su contra, ni están ligados con la investigación que se sigue por la desaparición de los 10 millones de pesos que ocurrió el día 06 de octubre del presente año, en las oficinas del Órgano Investigador del Sector Costa Azul, incluso algunos de los servidores públicos que se mencionan con antelación se encontraban adscritos fuera del perímetro jurisdiccional de la ciudad y puerto de Acapulco”.

Señalan los ex servidores públicos que esta aclaración que se realiza a través de los medios no exime de responsabilidad al autor intelectual y material, pues se harán las acciones legales en contra de quien o quienes hayan difundido deliberadamente la información con contenido falso que se hizo en su contra; solicitaran ante la autoridad Judicial competente, resarcir el daño moral, la amonestación y la disculpa pública”.

Hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y al Congreso del Estado de Guerrero, “pues dentro de sus facultades fue la designación y el nombramiento que se hizo a la Maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón, como Titular de la Fiscalía, a efecto de poner atención a las violaciones arbitrarias del debido proceso en la relación laboral e incertidumbre que existe en la Fiscalía”.