En América Latina y el Caribe se expande una “crisis silenciosa” en educación, “una cicatriz en los aprendizajes que no es un tema de tres, cuatro, cinco años, sino para el resto de la vida”, advirtió José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Desde el primer año de la pandemia, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin oportunidad de continuar sus estudios y que no trabaja remuneradamente aumentó de 22.3 a 28.7 por ciento.
“La región aún no se ha recuperado del impacto catastrófico de la pandemia (...) se enfrenta a una crisis social prolongada que se refleja en un profundo retroceso en indicadores clave del desarrollo social”, dijo el funcionario en conferencia de prensa. Además de que una tercera parte de la población, 201 millones de latinoamericanos, se mantendrán en pobreza al cierre de 2022, se proyecta que 82 millones, 2 millones más que en 2021, estarán en pobreza extrema.
Transferencias sociales atenúan caída de ingresos
La proporción de personas que estarán viviendo en pobreza extrema, sin los recursos suficientes para satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación, se calcula en 13.1 por ciento de la población, lo cual representa un retroceso de un cuarto de siglo para la región; mientras el desempleo, proyectado en 11.6 por ciento al cierre de este año, implica un retroceso de 22 años, con una mayor afectación entre las mujeres.
La recuperación de trabajo también es precaria, dado que siete de cada 10 empleos han sido creados por el sector informal, mientras la desigualdad disminuyó levemente en la región y “hay que enfatizar la palabra levemente”, recalcó.
Durante la presentación del Panorama Social de América Latina y el Caribe, el secretario ejecutivo de la Cepal destacó que en la región la inflación en alimentos pasó de 7.4 por ciento al cierre de 2021 a 11.9 en junio de 2022. En ese contexto, las familias con menores ingresos son las más golpeadas por la caída en las remuneraciones reales de las personas, pero las transferencias sociales han ayudado a atenuar el impacto.
El riesgo político de estas crisis es que “se ha agudizado el malestar social”, en parte por la desigualdad, pero también por la pobreza y la insatisfacción no sólo en el ámbito económico, sino con el deterioro institucional, explicó Salazar-Xirinachs.
