Madrid. Después de una larga sesión parlamentaria, que finalizó cerca de la medianoche, el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó finalmente una serie de nuevos impuestos que impondrá de manera extraordinaria a las empresas energéticas, a las entidades financieras, a la banca y a las “grandes fortunas”, es decir, a las personas más ricas del país. En un periodo tan adverso para las economías familiares, con la inflación y los precios de la canasta básica disparados, esta carga impositiva aspira a redistribuir los beneficios extraordinarios obtenidos por las corporaciones y los millonarios.

Los gravámenes aspiran a recaudar alrededor de 10 mil millones de euros (210 mil millones de pesos) en los dos años que estará en vigor. Los cálculos del gobierno es que sólo durante este año, los sectores señalados han obtenido ganancias superiores a 25 mil millones de euros (525 mil millones de pesos).

El gobierno español mantuvo duras negociaciones con los sectores más poderosos económicamente del país y que a lo largo de los últimos años, con la pandemia, la guerra en Ucrania y los altísimos precios de los hidrocarburos, han obtenido ganancias extraordinarias.

Las grandes multinacionales de la electricidad, como Iberdrola, Naturgy o Acciona, han obtenido resultados y beneficios históricos.

La empresa hegemónica en el sector, Iberdrola, superará este año 4 mil 300 millones de euros de ganancias (90 mil 300 millones de pesos).

Igual ocurre con el sector bancario, el cual ha multiplicado su negocio y con la subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado su cuenta de resultados de forma exponencial.

La responsable del área económica del gobierno español, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recibió fuertes presiones de diversos organismos internacionales y de las propias agrupaciones empresariales para no aprobar esta serie de nuevos impuestos, entre otros del propio BCE, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europea (CE), que le advirtieron que esos impuestos extraordinarios lastrarían el crecimiento y se trasladarían finalmente al cliente. Es decir, al ciudadano.

Efecto negativo: BBVA

Hoy mismo, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Carlos Torres, consideró que “el nuevo impuesto a la banca es contraproducente, porque daña la inversión y el crecimiento económico. La evidencia internacional confirma que los impuestos a la banca acaban teniendo un efecto negativo sobre la inversión, conducen a un menor crecimiento económico y la recaudación de impuestos queda por debajo de lo esperado”.

Mientras, las grandes corporaciones eléctricas mantienen abierto un enfrentamiento judicial con el gobierno con el objetivo de impedir que se “mutilen” sus ganancias extraordinarias mediante los nuevos impuestos, llegando incluso a amenazar con acudir ante las instancias europeas para impedir una medida que ya no tiene vuelta atrás.

El vocero de Asuntos Económicos del grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Caseres, explicó durante la defensa de la nueva legislación que “han pasado 10 años del rescate a las entidades financieras. Hoy, 10 años después, es tiempo de que la banca contribuya al conjunto de la sociedad. La banca, y también las eléctricas, que en su conjunto han ganado 25 mil millones sólo durante este año”.

El gobierno definió esta serie de nuevos impuestos como de “solidaridad” y los impulsó por la vía del decreto ley, que ahora aprobó el Congreso de los Diputados, con lo que ya sólo queda por superar el trámite de la aprobación en el Senado. Los nuevos impuestos entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2023 y en principio sólo se aplicarán durante dos años, pero existe la posibilidad de que al final del ejercicio del 2024 se realice una evaluación final para convertirlos en permanentes, tal y como reclamaban algunos partidos de izquierda.

En la resolución aprobada se explica que en 2021, “un ejercicio con bajos tipos de interés, las grandes entidades financieras distribuyeran dividendos por 13 mil 400 millones, 3 mil 500 millones en el primer trimestre de 2022”. Y en cuanto al llamado “impuesto a las grandes fortunas” se aprobó con la finalidad de redistribuir la riqueza de los que más tienen y para mantener además las medidas para paliar la crisis estructural derivada de los años de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Estos nuevos impuestos sólo se aplicarán a los ciudadanos con fortunas de más de 3 millones de euros (63 millones de pesos) y que serán además progresivos en función de su riqueza.

Durante la sesión parlamentaria también se aprobó el presupuesto general del Estado con el que el presidente Pedro Sánchez se garantiza finalizar la legislatura, que culmina en diciembre del próximo año.