El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica Jurídica para Refugiados “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana y Apoyo a Migrantes Venezolanos promovieron un juicio de amparo en respuesta a la participación del gobierno mexicano en la política estadunidense relacionada con las expulsiones a través del Título 42, que entró en vigor el pasado 19 de octubre.

“El gobierno mexicano se comprometió a recibir a la población venezolana expulsada de Estados Unidos sin haber emitido y publicado los procedimientos para su recepción, dejándola en incertidumbre jurídica y saturando la carga de las organizaciones y los albergues de la sociedad civil”, argumentaron.

Las organizaciones informaron que el amparo fue admitido por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y en la demanda reclaman las violaciones a los derechos humanos de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas y el incumplimiento de la legislación internacional y nacional aplicable al Estado mexicano en materia de asilo.

Además, sostuvieron, “la política constituye una externalización de fronteras de Estados Unidos en México”.

Refirieron que según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la cifra de personas venezolanas solicitantes de asilo en el país a octubre de 2022 asciende a 10 mil 214. Durante la primera quincena de noviembre de este año, el promedio diario de solicitudes fue de 129. Asimismo, datos de la Secretaría de Gobernación muestran que para septiembre pasado se registraron 50 mil 780 eventos de detención de venezolanos.

Adicionalmente, señalaron, se estima que más de 40 mil personas de Venezuela se encuentran atrapadas en territorio mexicano “y otras muchas más vienen en camino, toda vez que el anuncio de las expulsiones bajo Título 42 las ha dejado en incertidumbre. Por un lado, no pueden acceder al asilo en Estados Unidos y por otro, México las recibe sin brindarles información o directamente con oficios de salida del país con plazos de siete días, sin permitirles comenzar un proceso de regularización migratoria o de solicitud de asilo”.

Indicaron que a la fecha se han realizado siete vuelos de deportación de venezolanos retornados bajo el Título 42 sin que se conozca las condiciones que enfrentan al regresar a su país.

Imumi, la Clínica Jurídica para Refugiados “Alaíde Foppa” y Apoyo a Migrantes Venezolano instaron a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como al Instituto Nacional de Migración a atender las obligaciones del Estado mexicano en materia de derecho internacional y revocar el apoyo a la aplicación del nuevo sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos en virtud del Título 42.

“Lo anterior en beneficio del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas que buscan asilo en ese país y quienes corren peligro por la crisis humanitaria” en Venezuela, manifestaron.