El colectivo Ni un Repartidor Menos y la organización Nosotrxs, junto con representantes de las plataformas Uber, Rappi y Didi, presentaron un decálogo con el que buscan establecer un nuevo marco que regule las relaciones laborales entre las partes.

El objetivo es brindar protección a los repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones digitales, y sentar las bases para construir una regulación moderna que continúe “creando oportunidades para generar ingresos flexibles a cientos de miles de personas”.

Tonatiuh Anzures y Nicolás Sánchez, directores de políticas públicas de DiDi y Uber, coincidieron en que se busca construir de manera tripartita mecanismos para garantizar la seguridad social, “sin necesidad de atarse a un modelo obrero-patronal tradicional que no se adapta a las necesidades”.

“La regulación actual sobre protección se pensó mucho antes de que estos modelos (de trabajo) existieran”, comentó Sánchez.

Jessica Corral, coordinadora de vinculación de Nosotrxs, indicó que el decálogo se elaboró con base en la propuesta para reformar artículos de la Ley Federal del Trabajo que entregaron a la Secretaría del Trabajo.

De acuerdo con el documento, la protección social será aplicable a los repartidores y conductores de plataformas cuyo “tiempo efectivo de prestación de servicios” sea igual o mayor al equivalente de 40 horas en promedio por semana. Así, quienes laboren esa jornada tendrán derecho al IMSS.

Viridiana Ángel, del colectivo Ni Una Repartidora Menos, subrayó que se han logrado acuerdos en negociaciones directas con los representantes de las aplicaciones, como protocolos de atención para las repartidoras cuando estén en peligro, así como pólizas de seguro que las protejan, incluso hasta 24 horas después de su última entrega.

Otros repartidores digitales, junto con el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio y la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, rechazaron el decálogo y señalaron que el colectivo antes mencionado no los representa.

Shaira Garduño, secretaria de género de la UNTA, apuntó que la propuesta de ayer plantea considerar a los repartidores como prestadores de servicio, cuando lo que exigen es que se les reconozca como trabajadores sujetos de derechos laborales.